El presidente Alberto Fernández dictó el DNU 297/2020 por medio del cual ordenó la cuarentena obligatoria para todos los habitantes de la Nación.
El motivo que llevó al Presidente a producir el mayor confinamiento de personas en la historia de la República Argentina, fue la pandemia de coronavirus COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Según información periodística, para llegar a tal decisión, el presidente optó por privilegiar la salud (con las medidas que él entiende correctas) y –simultáneamente- suspendió derechos constitucionales del que gozamos todos los habitantes de la Nación, originalmente por el término de 12 días y que luego extendió por 12 días más.
Según mediciones dadas a conocer por la prensa, esta decisión de cercenar derechos y confinar en sus domicilios a todos los habitantes produjo un alza del 10% en la popularidad del Presidente.
Por ello no sorprende que esta medida esté siendo acompañada por todo el arco político (oficialista y opositor), por la prensa de manera casi unánime, por el cuerpo médico (público y privado) y por la población en general.
Justamente por ello, recibimos, por todos los medios disponibles (incluidas las redes sociales), el mensaje de que no hay que romper la cuarentena.
Esta efectiva propaganda ha llevado a que innumerable cantidad de vecinos denuncien a quienes entienden que están violando esa cuarentena, y ello se ve diariamente reforzado por los insultos descalificadores y comentarios denigrantes que hace el gobierno y el periodismo, no solo contra quien incumple ese confinamiento, sino también contra quien piensa diferente.
En ese aspecto, tengamos presente que, según datos oficiales, entre el 21 al 27 de marzo hubo 318.094 personas demoradas en todo el país, 8.315 detenidas, 295.407 vehículos controlados, de los cuales 1087 fueron secuestrados por las fuerzas policiales.
La cifra de demorados es 400 veces superior a la cantidad de infectados por coronavirus COVID-19 que el gobierno había reportado para esa misma fecha, y la de detenidos es más de 10 veces superior.
Como ejemplo de las acciones llevadas adelante a favor del confinamiento, resalto que según información periodística del día 25/03/2020 (INFOBAE), el Presidente de la Nación manifestó: "Los vamos a detener y les vamos a sacar los autos", refiriéndose a quienes –según él- no cumplen con la cuarentena, lo cual deja en claro el estado policial en el que vivimos.
En la misma fecha el presidente declaró en radio Mitre: "Lo que no entra con la razón, va a entrar con la fuerza", y llamó "idiota" al ciudadano que ingresó desde Brasil por tierra y que –teniendo destino final a Ostende- fue detenido por un control vehicular en un confuso episodio.
Asimismo, la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, en una entrevista con CNN Radio expresó: "Violar la cuarentena es un delito", y agregó:""Hay una minoría a la que le cuesta entender que hay que respetar la importancia del aislamiento total. El Papa dijo que nadie se salva solo. El que no entiende esto, no entiende nada".
En cuanto a los comentarios de la ministra de seguridad, llama la atención la referencia a los dichos del Papa, como si la palabra del Santo Padre fuese irrefutable para cualquier argentino, porque si así fuese, el gobierno no debería enviar un proyecto de aborto al Congreso de la Nación.
En relación con este estado de situación, mi pregunta es ¿quién defiende a todos estos imputados?, porque no habiéndose dictado estado de sitio, todas las garantías constitucionales se encuentran vigentes y –obviamente- nadie está obligado a aceptar los servicios de los defensores oficiales.
Por ello, llama la atención que dentro de las excepciones que dispone el artículo 6º del DNU 297/2020 no estén expresamente incluidos los abogados para que puedan defender a todos estos imputados de tan grave delito.
Además de estos detenidos, diariamente el gobierno nacional y los provinciales y municipales dictan normas complementarias que afectan derechos comunales y/o particulares, y sin el servicio de los abogados, nadie puede ser debidamente asesorado sobre sus alcances, y en el caso que lo estimen, de poder oponerse a ellas por vías jurídicas.
Consecuentemente, entiendo la emergencia sanitaria que vivimos, pero ella no habilita que los habitantes del país queden sin la debida y oportuna asistencia de los abogados, más aún si pensamos en la cantidad de normativas que diariamente dictan las distintas jurisdicciones restringiendo o directamente impidiendo el ejercicio de los derechos esenciales de los habitantes de la Nación.
Pero más allá de lo que sucede en nuestro país, resulta de interés tener presente que otros mandatarios dentro de América han tomado medidas menos restrictivas contra la libertad ambulatoria de su población y por ahora está teniendo resultados sanitarios equivalentes.
Desconozco cuál es el mejor camino para enfrentar esta pandemia (cuya letalidad es muy baja), pero lo que sí puedo decir es que el camino que ha tomado el Presidente Fernández para enfrentarla está generando un daño económico sideral para el país y que las medidas paliativas que el gobierno diariamente viene anunciado, lejos de ayudar, nos empobrecerán aún más.
Efectivamente, la combinación del confinamiento obligatorio y de las medidas económicas anunciadas, generará indiscutibles efectos nocivos, entre los cuales destaco:
1. Se romperá la cadena de pagos dentro de nuestra economía, conllevando a un aumento considerable de la mora, tanto entre comerciantes, tarjetas de crédito, bancos, fiscales, etc.
2. Habrá despidos y/o imposibilidad de pagar salarios y cargas sociales, con el consiguiente empobrecimiento de sectores de medios y de bajos ingresos.
3. Aumento descontrolado de la inflación derivada de la emisión a la cual apelará el gobierno para solventar los faltantes que sufrirá el erario público motivado por la falta de pago de los impuestos y de las cargas sociales.
4. Default de la deuda pública, que impedirá obtener nuevo financiamiento
5. Aumento de presentación de concursos y quiebras.
6. Drástica disminución de la actividad de comercio exterior y con ello, falta del habitual ingreso de divisas que dicho sector genera.
7. Grave convulsión social derivada del empobrecimiento generado.
Para llevar a la Argentina a esta situación, algunos funcionarios y periodistas comparan las medidas contra la pandemia como si estuviésemos librando una guerra, pero si así fuese, lo primero que todo general sabe es que debe contar con un Estado Mayor, el cual se compone de las jefaturas de Personal, Inteligencia, Operaciones, Logística y Finanzas.
Justamente me quiero referir a la Jefatura 5 (Finanzas) como clave en este asunto, porque toda guerra solo puede ser llevada adelante mientras se la pueda financiar, es decir que sin dinero la guerra se termina aunque el enemigo no haya sido derrotado militarmente.
Me preocupa esta cuestión porque el gobierno ha manifestado, en más de una oportunidad, que aún no ha llegado lo más grave y que ese nivel se espera para fines de abril o mayo.
La pregunta en este caso sería ¿qué pasará si el virus sigue entre nosotros y ya no hay forma de financiar el confinamiento obligatorio de toda la población?
En síntesis, sabemos que este virus no terminará con la humanidad porque aún sin medicamentos o vacunas específicas, la gran mayoría de los infectados por este virus se han recuperado, y que los muertos que viene generado son una ínfima minoría, siendo en su inmensa mayoría adultos mayores que sufrían enfermedades que los hacían vulnerables a este virus, o a cualquier otro, dentro del espectro de la gripe y/o neumonías.
En conclusión, la Argentina adoptó un camino que ha establecido un estado policial, lo cual viene generado más de 8.000 personas imputadas de graves delitos, secuestros de gran cantidad de vehículos, el mayor confinamiento de personas dispuesto por un presidente, suspensión de derechos garantizados por la Constitución Nacional sin siquiera haber declarado Estado de Sitio, entorpecimiento del libre ejercicio de la abogacía ante el cercenamiento de derechos contra la población (esto, visto que los abogados con matrícula activa no están expresamente incluidos dentro de las actividades esenciales que detalla el DNU 297/2020), dictado de medidas económicas por parte del Presidente que significan emisión monetaria sin ningún respaldo, probable utilización de las pocas reservas que el BCRA tiene de libre disponibilidad, paro de la actividad productiva del país por 24 días (por ahora) que, según especialistas, significan un pérdida de unos U$S 12.000 Millones (como mínimo), altísima inflación para el segundo semestre del año, aumento del desempleo, de los concursos y de las quiebras, etc.
Como dije al principio, la popularidad del presidente Alberto Fernández aumentó con estas medidas, veremos dentro de unos meses si sus decisiones fueron acertadas o si terminó siendo peor el remedio que la enfermedad
El autor es abogado y doctor en Derecho.
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