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Sociedad Judiciales. Cámara de Casación Penal

Otorgarían domiciliarias para grupos de riesgo

La recomendación sembró una serie de disidencias entre jueces y agentes de la justicia.

En una decisión que provocó malestar entre algunos jueces, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que los jueces y tribunales adopten recaudos para revaluar los casos de detenidos con prisión preventiva, dando prioridad a las personas "con mayor riesgo para la salud frente a un eventual contagio de coronavirus ".

La decisión lleva la firma de los jueces Angela Ledesma, presidenta del tribunal, y de los vicepresidentes, Gustavo Hornos y Alejandro Slokar. Los magistrados dispusieron que "los órganos de la jurisdicción", es decir los tribunales orales, "tomen razón y adopten los recaudos pertinentes", según una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos .

Se trata cumplir con dos aspectos de la recomendación. Por un lado, la Comisión aconsejó que se adopten medidas frente al hacinamiento en las cárceles, "incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva" para identificar las situaciones en las cuales los presos pueden cambiar la privación de la libertad por otras "medidas alternativas", como la vigilancia electrónica o el arresto domiciliario. La Comisión Interamericana dijo que hay que hacerlo "dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del Covid-19."

Por otro lado, la Comisión Interamericana sugirió "evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario o libertad anticipada" a las personas que están en los grupos de riesgo, es decir, las personas mayores de 60 años, las que tienen enfermedades crónicas, las mujeres embarazadas o con niños a su cargo y también las personas que "estén prontas a cumplir condenas".

La resolución de la Casación no es mandatoria, es una sugerencia a partir de una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los jueces de los tribunales orales federales, que son aquellos que tienen a los presos de drogas o corrupción en prisión preventiva, se mostraron alarmados en principio ante esta decisión, que se multiplicó en grupos de WhatsApp que los tienen como participantes. Pero cuando bajó la sorpresa inicial interpretaron que se trataba de una recomendación general que no implica vulnerar su independencia ni los criterios de cada uno de los tribunales.

De todos modos, el escrito ya circula entre los abogados defensores de los presos por corrupción del kirchnerismo y seguramente volverán a insistir con sus planteos de excarcelación o prisión domiciliaria, muchos de los cuales fueron rechazados esta misma semana.

Pese a los líneamientos dictados por Casación, fueron pocos los tribunales orales o de instrucción que, hasta ahora, decidieron hacer lugar al pedido de distintas defensas para disponer libertades o prisiones domiciliaria.

Uno de ellos fue el fallo del Tribunal Oral Federal de 5 de San Martín, revelado por Infobae, que concedió le permitió a un recientemente condenado por violación la prisión domiciliaria, bajo la condición del pago de una fianza de 100 mil pesos, la colocación de una tobillera electrónica y la orden de que el acusado vuelva a prisión a cumplir su pena cuando la pandemia termine.

La jueza que tuvo el voto clave en esa decisión tomó los argumentos que había destacado Casación y en particular destacó al juez Hornos, al citarlo expresamente diciendo que "las personas detenidas conservan todos sus derechos de los que no los priva su condición" y que "al igual que el resto de la población, las personas privadas de su libertad tienen el derecho al mayor y más oportuno acceso a través de los niveles sanitarios adecuados disponibles y deberá brindarse la oportuna asistencia médica integral, debiéndose respetar los principios de equivalencia e integración".

En ese fallo, la jueza María Claudia Morgese Martín escribió: "impone como única solución preventiva" que cuando se esa situación suceda "la población penitenciaria cuente entre sus filas con la menor cantidad de personas de riesgo posible, porque: 1) los hospitales de cada complejo penitenciario carecerían de los recursos (humanos y técnicos) para hacer frente a semejante demanda; 2) tampoco se contaría con recursos suficientes para trasladar a los enfermos a nosocomio extramuros, pues -como es sabido- el sistema de traslados de detenidos se encuentra prácticamente paralizado; y 3) aun cuando esto último fuera posible, ello implicaría una importante sobrecarga al ya colmado sistema público de salud".

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