La defensa de los
rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, apeló la
prisión preventiva dispuesta para los ocho detenidos por el caso, por lo que
ahora será la Cámara de Apelaciones de Dolores la que deba confirmar o modificar
la situación de los imputados, informaron fuentes judiciales.



El abogado Hugo Tomei presentó la apelación este miércoles en el Juzgado de
Garantías 6 de Villa Gesell, a cargo de David Mancinelli, quien ahora deberá
girar el recurso de la defensa a la Cámara de Apelaciones y Garantías de
Dolores.



La Sala I de dicho tribunal, que está integrada por los camaristas Fernando
Sotelo, Luis De Felitto y Susana Yaltone, es la designada para actuar en el
expediente. Fuentes judiciales indicaron a Télam que el recurso de apelación
insiste en los planteos de nulidad realizados por Tomei.



La defensa planteó su disconformidad con la resolución de Mancinelli respecto
de las nulidades sobre presuntas irregularidades por parte de la fiscalía, las
cuales ya habían sido presentadas en la audiencia preliminar del jueves pasado
en un escrito.



El viernes pasado, el juez Mancinelli avaló la investigación de la fiscal
Verónica Zamboni y dictó la prisión preventiva para ocho de los acusados por el
delito de "homicidio doblemente agravado", que prevé una pena de prisión
perpetua.



Al agravante por el que ya había acusado la fiscal del "concurso premeditado de
más de dos personas", Mancinelli le sumó el de la "alevosía", ya que consideró
que a Fernando los mataron "en total estado de indefensión".



En su resolución, el magistrado señaló como "coautores" del crimen a
Máximo Thomsen (20) y Ciro Pertossi (19), y como "partícipes
necesarios" a Blas Cinalli (18), Luciano (18) y Lucas Pertossi (20), Enzo
Comelli (19), Matías Benicelli (20), y Ayrton Viollaz (20).



Al momento de fundamentar que los rugbiers continúen detenidos, Mancinelli
valoró varias cuestiones: la pena en expectativa de prisión perpetua, el
"desprecio por la vida" que evidenciaron, el haber incriminado a un
inocente y los mensajes de WhatsApp donde informaron que la víctima
"caducó" y ordenaban no hablar del tema con nadie.



Además, consideró que existen "peligros procesales" que justifican el
encarcelamiento preventivo de los sospechosos, como el riesgo "de fuga y
entorpecimiento probatorio".