La Justicia de Estados Unidos resolvió suspender todas las demandas vinculadas al juicio por la expropiación de YPF, en una decisión que favorece la posición de Argentina tras un pedido reciente de la Procuración del Tesoro. La Cámara de Apelaciones de Nueva York dispuso que ningún tribunal avance con medidas relacionadas al caso hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo en el proceso de apelación impulsado por el Estado nacional.
Con esta resolución, el tribunal de alzada hizo lugar a la presentación realizada por el Gobierno el pasado 6 de marzo. La medida no solo frena la búsqueda de activos para eventuales embargos, sino que también deja en suspenso instancias clave del proceso, como la audiencia vinculada al acceso a dispositivos y cuentas personales de funcionarios argentinos.
En la práctica, la decisión detiene el avance de todas las acciones judiciales hasta que se revise la sentencia de primera instancia dictada en 2023 por la jueza Loretta Preska, que condenó al país a pagar alrededor de 18.000 millones de dólares, incluidos intereses. Además, se ordenó paralizar el proceso de “discovery” —la etapa en la que se recolectan pruebas— y cualquier otro procedimiento en curso ante la Corte de Distrito.
El eje de la discusión ahora pasa por determinar si ese fallo es válido o no, cuestión que será analizada por la Cámara de Apelaciones. Mientras tanto, Argentina logra ganar tiempo y evitar, al menos de manera temporal, posibles medidas de ejecución sobre bienes del Estado.
El planteo argentino fue impulsado por Sebastián Amerio en sus primeras horas al frente de la Procuración del Tesoro, mediante una moción urgente para frenar las investigaciones y acciones derivadas de la ejecución de la sentencia. La resolución representa un alivio para el país, que enfrenta reclamos multimillonarios por parte de fondos litigantes tras la estatización de la petrolera en 2012, entre ellos Burford Capital, principal beneficiario del fallo original.
Milei celebró el fallo
A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, firmado por Javier Milei, la Casa Rosada calificó la resolución como un "hito histórico" sin precedentes en el litigio.
"Esta decisión representa un hito histórico en la defensa de la República Argentina en un litigio que, durante más de doce años, ha significado un enorme costo económico, jurídico y reputacional para el país", sostuvo el texto oficial.
El Presidente también afirmó que, por primera vez desde el inicio del juicio, la estrategia jurídica del Estado se sostiene con "rigor técnico y responsabilidad institucional en todas las instancias que demanda este proceso".
En ese marco, el comunicado destacó el trabajo de la Secretaría Legal y Técnica, la Procuración del Tesoro, la Secretaría de Justicia y la Cancillería, y mencionó en particular a María Ibarzabal, Sebastián Amerio, Juan Stampalija y Pablo Quirno.
Antecedentes
El juicio por YPF se remonta a 2012, tras la expropiación del 51% de la petrolera. Luego de un extenso proceso en el juzgado de Loretta Preska, la Argentina recibió una sentencia adversa que la obliga a pagar unos USD 16.000 millones a los demandantes.
La reciente decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York de suspender las acciones le otorga al país un margen de maniobra clave mientras se define la cuestión de fondo. Según estimaciones del propio tribunal, este tipo de resoluciones puede demorar entre seis y doce meses.
En ese contexto, el Gobierno aseguró que continuará ejerciendo su derecho a la defensa con firmeza, con el objetivo de resguardar los intereses del país y de sus ciudadanos, mientras el litigio sigue abierto en la Justicia de Estados Unidos.