Tras la oficialización de la convocatoria a sesión especial este miércoles al mediodía en la Cámara de Diputados, la oposición busca denodadamente el número que le permita alcanzar el quórum y evitar que se repita el fracaso del 21 de mayo pasado, cuando le faltaron tres legisladores para abrir el recinto.
Tras muchas deliberaciones previas, el martes pasado se presentó la nota con la solicitud de la sesión para el 4 de junio a las 12 hs con las rúbricas de referentes de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica.
De esta manera, el nuevo “Grupo A” de la oposición busca tomarse revancha con un temario parecido al de la sesión pasada, pero despojado de dos temas que generaban mucha conflictividad y que terminaron pesando en la decisión de algunos diputados al dejar las bancas vacías en el recinto.
Por caso, la designación de autoridades de la comisión investigadora Libra no está en el temario, aunque no se descarta que pueda ser introducido con una moción.
La oposición mantiene esa amenaza latente y podría usarlo como efecto sorpresa en el recinto.
Al margen de Libra, la designación de los representantes de la Cámara de Diputados para cubrir las vacantes en la Auditoría General de la Nación (AGN) quedó definitivamente corrido de la escena.
El traspié del 21 de mayo, cuando se intentó nombrar a Emilio Monzó y a Juan Ignacio Forlón para cubrir dos de las tres vacantes, abrió un nuevo escenario, un barajar y dar de nuevo en la comisión de Asuntos Constitucionales, que empezó a tratar distintas iniciativas de reforma de la composición y duración de los mandatos en el organismo de control.
Eso le permite ganar tiempo al Gobierno, que se guarda preventivamente el recurso de romper esta dinámica con un DNU de reforma de la AGN.
De cara al quórum, el panorama está extremadamente ajustado, tanto para la oposición que quiere abrir el recinto como para el oficialismo y sus aliados que trabajan para cerrarlo bajo llave.
La última vez la oposición quedó a tan sólo tres legisladores de tener quórum, por lo que esta vez dependerá de la ayuda de algunos gobernadores, que fueron decisivos en la última convocatoria para que se cayera la sesión.
Para tener éxito, la oposición debió ajustar mucho las clavijas en la confección del temario, e hilar muy fino en el repertorio porque ya quedó demostrado que a veces una ambición desmedida juega en contra de los propios intereses.
En la construcción de la agenda para esa sesión, se priorizó dejar contentos y satisfechos a todos los sectores políticos por encima de pensar qué era lo posible de encaminar en ese contexto determinado.
Hubo un “engolosinamiento” que partió de la premisa de sobreestimar las capacidades propias y subestimar las del adversario.
No alcanzaron a dimensionar en su justa medida que el Gobierno había quedado mucho mejor plantado después del dulce resultado electoral en la Ciudad de Buenos Aires, y demostró poder de fuego para alinear a gobernadores.
El tema que más empiojó la convocatoria fue la inclusión por la ventana de la discusión por las vacantes en la AGN.
El nombre de Monzó genera un rechazo visceral en Elisa “Lilita” Carrió, quien tiene devoción por Mario Negri.
El radical, que mira la película de afuera, tiene todas las de perder ya que representa a un partido venido a menos, ultrafragmentado y reducido, pero encontró un resquicio para volver a meterse en el baile.
Preocupación oficial por el costo fiscal
Para el Gobierno, la sumatoria de estas iniciativas generan un gasto excesivo que el Estado no puede afrontar y que desestabilizan la sustentabilidad de las cuentas fiscales, que son las tablas sagradas de la Biblia en la consideración libertaria.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se reunió con funcionarios del Ministerio de Economía y de allí surgió que el conjunto de estas propuestas tienen un costo fiscal de unos 12 mil millones de dólares, equivalente al 1,8% del PBI.
Sin contar la moratoria, el resto de las iniciativas previsionales, que incluyen el bono complementario y el incremento del 7.2% en los haberes supone un costo fiscal del 1.3% del PBI, según el equipo económico.
Las cifras no coinciden con las aportadas por la OPC, que calculó que el gasto anualizado por el pago del bono supondría un costo de $1.992.853 millones (0,23% del PIB), en caso de llevarlo a 105 mil pesos; y de $2.567.477 millones (0,30% del PIB), si se eleva a 115 mil pesos.
En lo que respecta a la restitución del Plan de Pago de Deuda Previsional, la moratoria que se había sancionado durante el gobierno del Frente de Todos y caducó el pasado 23 de marzo, desde el Poder Ejecutivo hablan de un 0,2% del PBI.
En relación al aumento de las pensiones no contributivas para personas con discapacidad, junto al fortalecimiento de los prestadores y el presupuesto para el ANDIS, el equipo del ministro Luis “Toto” Caputo calcula que tendría un costo fiscal del 0,3% del PBI.
En este caso, la estimación coincide bastante con la realizada por la OPC, que calculó entre el 0,22% y el 0,42% del PIB, dependiendo de la cantidad de altas de pensiones que hubiera.
Tras la reunión con el equipo económico, Menem acusó a los bloques opositores de “intentar romper el equilibrio fiscal” con los proyectos incluidos para la sesión del miércoles.
“Una vez más, el kirchnerismo con sus actuales aliados -que hasta ayer eran enemigos íntimos- con falsa demagogia y total irresponsabilidad, proponen una sesión con proyectos de ley que, de aprobarse, tendrían un costo fiscal de más de 12.000 millones de dólares. (1.8% PBI)”
A través de la red social X señaló que “se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de INTENTAR ROMPER EL EQUILIBRIO FISCAL que tanto nos costó conseguir”
“Temas como la prórroga de moratoria previsional y nuevas fórmulas de cálculo, que repiten sus mágicas soluciones que han colapsado el sistema y fundido al estado y a los jubilados; o una declaración de emergencia en discapacidad, que lejos de aportar soluciones concretas, parecen más orientadas a mejorar la situación de algunos prestadores que a sus reales destinatarios”
Destacó que “sólo pretenden hacernos retroceder en el camino que el Gobierno Nacional ha fijado y que la gente ha revalidado en las últimas elecciones locales que se fueron desarrollando. No caigamos en la trampa de quienes se empeñan en que el gobierno fracase, con el único objetivo de volver al poder y sostener sus privilegios”.