Con 129 diputados presentes, la Cámara Baja dio inicio a una sesión especial que tiene como único eje el tratamiento de la modificación de la Ley de Glaciares. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, es impulsada por el Ejecutivo nacional junto a gobernadores de provincias cordilleranas, y el oficialismo confía en lograr su aprobación antes de la medianoche o en la madrugada del jueves.
El oficialismo logró abrir el debate con el respaldo de sus aliados y proyecta reunir entre 130 y 135 votos afirmativos, con apoyo de bloques como el PRO, la UCR, el MID y legisladores de espacios provinciales. Incluso, algunos cálculos optimistas elevan esa cifra a cerca de 140 votos. Entre quienes acompañan la iniciativa se encuentran diputados vinculados a gobernadores de provincias con fuerte desarrollo minero, como Catamarca, San Juan, Salta y Tucumán.
El caso $LIBRA y Adorni se metieron en el debate
La sesión comenzó a las 15 y contó con más de 60 oradores anotados. El debate arrancó con la diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá, quien planteó una cuestión de privilegio para cuestionar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las denuncias por su situación patrimonial.
Desde la oposición intentaron sin éxito ampliar el temario. Entre los pedidos, se solicitó citar a Adorni para que dé explicaciones en el recinto, requerir informes sobre el caso $LIBRA y rechazar las restricciones a periodistas en la Casa Rosada. En esa línea, la diputada de Unión por la Patria Paula Penacca impulsó una moción para habilitar la citación del funcionario, pero no prosperó al no alcanzar los dos tercios necesarios, pese a obtener 124 votos a favor y 118 en contra.
Ley de Glaciares
El proyecto en discusión propone modificar la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial. El punto central de la reforma es la redefinición de las zonas protegidas, habilitando la posibilidad de realizar actividades económicas —como la exploración y explotación minera— en áreas periglaciares que no cumplan, según estudios técnicos, una función hídrica comprobable.
Además, la iniciativa otorga mayor poder a las provincias para definir qué se considera glaciar o ambiente periglacial dentro de sus territorios, en línea con el principio constitucional que les reconoce el dominio de los recursos naturales. En ese marco, las jurisdicciones podrían incluso solicitar al IANIGLA la exclusión de determinadas áreas del Inventario Nacional si se determina que no cumplen funciones hídricas.
El oficialismo defiende la reforma como una herramienta clave para fomentar inversiones, especialmente en el sector minero, en sintonía con el esquema de incentivos del RIGI. Sin embargo, el proyecto enfrenta un fuerte rechazo de sectores de la oposición, el peronismo y la izquierda, que advierten sobre posibles daños ambientales y cuestionan la cercanía entre gobiernos provinciales y empresas mineras.
En paralelo, organizaciones ambientalistas y agrupaciones políticas convocaron a manifestaciones en las inmediaciones del Congreso. La protesta estuvo marcada por momentos de tensión con las fuerzas de seguridad, que avanzaron sobre algunos manifestantes. Desde distintos sectores ya anticiparon que, en caso de aprobarse la norma, recurrirán a la Justicia para frenar su aplicación, cuestionando incluso el proceso de debate y la audiencia pública previa.
El dictamen de mayoría, que permitió llevar el proyecto al recinto, fue firmado por 37 diputados de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales. En tanto, hubo dictámenes en minoría presentados por Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica.
La expectativa oficial es convertir en ley una reforma que consideran estratégica para el desarrollo económico. Pero el escenario político y social anticipa que, aun con la sanción legislativa, el conflicto por la Ley de Glaciares continuará abierto.