El Gobierno nacional comenzó a hacer circular en diversos ámbitos un extenso anteproyecto de ley de desregulación económica que avanza sobre sectores muy diversos de la actividad productiva y comercial del país. El texto, contiene más de un centenar de artículos distribuidos en ocho títulos y representa una de las reformas regulatorias más amplias desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
La iniciativa modifica el Código Civil y Comercial, la Ley de Farmacias, la legislación de navegación y cabotaje, las normas vinculadas con el mercado de capitales, los fideicomisos y las garantías. También deroga leyes históricas relacionadas con los arrendamientos rurales, la promoción vitivinícola, los traductores públicos, el corretaje y la regulación del gas licuado de petróleo. El objetivo declarado por el equipo de Sturzenegger es eliminar restricciones consideradas innecesarias, promover la competencia, facilitar la incorporación de nuevas tecnologías y reducir la intervención estatal en distintos mercados.

Corretaje y gas licuado, sin regulación económica

Uno de los capítulos elimina buena parte de las restricciones para ejercer como corredor: bastará con ser mayor de edad y contar con título secundario, y se habilita que actúen tanto personas humanas como jurídicas, incluso a través de plataformas digitales. Se prohíbe, además, que futuras normas exijan residencia, incompatibilidades con otras profesiones o aranceles mínimos y máximos. En consecuencia, se derogan los artículos 31 a 35 de la Ley 20.266 y el artículo 1355 del Código Civil y Comercial.
En el caso del Gas Licuado de Petróleo, el anteproyecto limita la intervención estatal a cuestiones de seguridad y prohíbe regular precios, cantidades, volúmenes comercializados y márgenes de rentabilidad, lo que deriva en la derogación completa de la Ley 26.020.

Libros, doblaje y traductores: menos regulación estatal

El proyecto modifica también la Ley de Fomento del Libro y la Lectura, traslada la autoridad de aplicación a la Secretaría de Cultura y elimina dos normas emblemáticas: la Ley 23.316, vinculada a la industria del doblaje, y la Ley 25.542, conocida como ley de precio uniforme del libro, cuya derogación habilitaría mayor libertad comercial en la venta de publicaciones. En el mismo sentido, se deroga el artículo 6 de la Ley 20.305, que exigía traducciones al castellano, salvo casos excepcionales por razones técnicas, jurídicas o de compromisos internacionales.

Farmacias: venta digital y medicamentos fuera del mostrador

Uno de los capítulos más sensibles reforma la Ley de Farmacias. Habilita la venta de medicamentos con receta por canales digitales, la entrega a domicilio, la comercialización de productos de venta libre fuera de las farmacias y la libertad para fijar horarios de atención. También permite que las farmacias adopten cualquier forma societaria y que las droguerías vendan directamente al público si se constituyen como tales.

Agro: fin de la COVIAR y apertura en arrendamientos

En el sector agroindustrial, las contribuciones obligatorias que financian al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina se eliminarían a partir de octubre de 2027. Se proponen además derogar las leyes 13.246 y 14.432, que regulan los arrendamientos y aparcerías rurales —aunque los contratos vigentes seguirán regidos por las normas actuales hasta su vencimiento—. En materia vitivinícola, se simplifican controles y se deroga la Ley 25.849, que dio origen a la COVIAR, entidad que deberá liquidarse y transferir sus fondos remanentes al Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Cabotaje abierto a buques extranjeros

La reforma marítima habilita a buques extranjeros a operar libremente en el cabotaje nacional, con exigencias graduales de tripulación argentina según el tiempo de operación. Se deroga el histórico Decreto Ley 19.492 de 1944 y se elimina el arancel de importación para buques de hasta 20 años de antigüedad.

Mercado financiero: contratos inteligentes y activos digitales

El capítulo más extenso del proyecto está dedicado al sistema financiero: reconoce contratos inteligentes, blockchain y prendas sobre activos virtuales, crea el Sistema Federal de Registro de Garantías, habilita warrants y pagarés digitales, flexibiliza los fideicomisos y redefine buena parte de la Ley de Mercado de Capitales bajo principios de neutralidad tecnológica e inclusión financiera.

Una reforma de fondo

El anteproyecto constituye una nueva avanzada del programa desregulador impulsado por Milei y Sturzenegger. A diferencia del DNU 70/23, esta vez se trata de un proyecto de ley que modifica simultáneamente actividades profesionales, sectores productivos, comercio, transporte, servicios financieros y organismos de promoción sectorial. De prosperar en el Congreso, implicaría una de las mayores reestructuraciones regulatorias de los últimos años.