Ambas discusiones, que el año pasado unificaron a la oposición y derivaron en derrotas legislativas para el oficialismo, reaparecen ahora con nuevas estrategias y proyectos que buscan modificar los marcos vigentes.
Por un lado, el ministro de Salud, Mario Lugones, envió al Senado una iniciativa que apunta a desarmar aspectos centrales de la ley de emergencia en discapacidad sancionada en 2025.
El proyecto, titulado “contra el fraude de pensiones por invalidez”, reabre un conflicto sensible tanto en términos sociales como políticos. La propuesta oficial introduce cambios estructurales. Entre ellos, elimina el nomenclador único que fijaba valores homogéneos para las prestaciones en todo el país, lo que implicaría que los precios pasen a definirse mediante negociaciones entre obras sociales, prepagas y prestadores.
También reduce la intervención del Estado y desvincula las actualizaciones de los aranceles del índice de inflación, lo que podría generar un atraso en los ingresos del sector. Este rediseño impacta especialmente en el sistema solidario que sostenía a las obras sociales más pequeñas, ya que sin valores unificados podrían quedar en desventaja frente a actores con mayor capacidad financiera.
La iniciativa, además, deja expuestas tensiones internas dentro del oficialismo respecto de la estrategia política para avanzar con reformas sensibles. En paralelo, el frente universitario vuelve a activarse.
Tras el revés judicial que obligó al Gobierno a cumplir con la ley de financiamiento vigente, el oficialismo busca reflotar una reforma que le permita redefinir la asignación de recursos para las universidades. Este intento se inscribe en una disputa más amplia por el presupuesto educativo, en un contexto donde las casas de estudio denuncian una fuerte caída real de los fondos y del poder adquisitivo de los salarios.
La ley actual, aprobada por el Congreso y resistida por el Ejecutivo, establece mecanismos de actualización automática de partidas y salarios en función de la inflación.