La Justicia local envió un exhorto al juez federal Ernesto Kreplak para que los responsables de las firmas HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo queden a disposición de la provincia en una causa por defraudación.
La investigación por las ampollas de fentanilo contaminadas, que generó un escándalo sanitario a nivel nacional, sumó un importante avance en la jurisdicción local. El juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional N°2, Héctor Daniel Barría, solicitó formalmente a la Justicia federal que los directivos Ariel Fernando, Damián Roberto y Diego Hernán García Furfaro sean puestos a disposición de su juzgado en el marco de una causa radicada en la ciudad capital.

El pedido surge a raíz de una denuncia presentada por el representante legal de la droguería Origim SRL, con domicilio en La Rioja. La acusación se centra en la presunta defraudación en la calidad de las sustancias entregadas por los laboratorios involucrados, HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, cuyas líneas de producción fueron cuestionadas tras detectarse bacterias en diversos lotes de medicamentos distribuidos en el país.

Al respecto, el magistrado Barría aclaró que la naturaleza del delito investigado en la provincia difiere de la gravedad de los hechos ocurridos en Buenos Aires. En diálogo con NUEVA RIOJA, explicó: “Aquí la defraudación consiste en que una droguería se vio afectada por la compra de drogas. No es lo mismo que en Buenos Aires, si lo grave es la muerte de personas; aquí es que a la droguería madre la Anmat le prohibió la comercialización de todo”.

Finalmente, el juez detalló que el impacto económico y operativo para el comercio local fue determinante para el avance de la causa. “Cuando pasó eso, le clausuró la línea medicamentosa que ha afectado. Compró cosas que no puede vender ahora”, sentenció el magistrado sobre la situación de la firma riojana perjudicada por el bloqueo sanitario impuesto a los laboratorios nacionales.