El gobernador Ricardo Quintela recibirá este martes a una comisión de integrantes de la Asamblea Vecinal de Guandacol, conformada en rechazo a la medida judicial que ordenó la paralización por 30 días del corredor logístico del Proyecto Vicuña, emprendimiento minero de cobre que opera en San Juan pero cuyo acceso principal atraviesa territorio riojano.

La confirmación llegó a través del diputado provincial por el departamento Felipe Varela, Yamil Sarruf, quien señaló que el encuentro se realizará en el marco de la tensión creciente que generó la resolución judicial en las comunidades de la zona, especialmente por su impacto directo sobre los puestos de trabajo y la economía local.

La medida fue dispuesta por la jueza María Greta Decker, de la Cámara de Chilecito, a partir de un planteo del gobierno riojano que cuestionó la ausencia de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) presentada ante esa jurisdicción, pese a que el acceso al yacimiento se realiza principalmente por suelo de La Rioja. La decisión abrió un conflicto de alcance interprovincial con San Juan, donde el proyecto continúa operativo.

En ese contexto, un grupo de vecinos autoconvocados inició ayer lunes, desde las 5 de la mañana, un corte en la salida de calle Copiapó Norte, en el departamento Felipe Varela, en un sector por donde circula la empresa Sol Frutt, que desarrolla un proyecto olivícola en la zona de La Troya, próxima a la localidad de Guandacol.

Sin embargo, parte de la asamblea anticipó que no concurrirá a la reunión convocada para este martes. Juan Carlos Alaniz, integrante de la asamblea, explicó en diálogo con Radio La Red que el corte se realizó ante la negativa del Gobierno provincial de acercarse al encuentro vecinal, y que la decisión de no asistir responde a que consideran que las autoridades determinaron unilateralmente quiénes pueden participar del diálogo.

“No quieren que vaya ningún trabajador, y esto no se trata de uno sino de todos y de la comunidad, que es la perjudicada”, expresó Alaniz, y agregó “La medida es indeterminada y hasta que el gobierno quiera dar una respuesta. Queremos que venga y le diga a los 157 trabajadores, más proveedores y todas las familias que hay detrás”.

La situación mantiene en vilo a toda la región, donde la actividad minera y la cadena de proveedores vinculada al Proyecto Vicuña representan una fuente de empleo e ingresos de peso significativo para el oeste riojano.