Uno de los datos relevantes de esa propuesta es que no solo se van agravar las penas a los delincuentes, sino de cualquier miembro de esa asociación ilícita que cometió ese crimen o atentado.
La Libertad Avanza (LAA) decidió incluir el tratamiento de esta iniciativa tras alcanzar un acuerdo con el PRO, la UCR, y la Coalición Cívica, cuyos principales dirigentes firmaron el pedido para ser tratada el próximo martes.
La sesión especial solicitada por el presidente de LLA, Gabriel Bornoroni, debatirá además de la Boleta Única de Papel, los proyectos de lucha contra el crimen organizado, y del programa de regularización de tenencias de armas y de entregada voluntaria de armas.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, envió un paquete de proyectos para combatir el delito, entre los que figuran la baja de la edad de imputabilidad en el cual aún no hay acuerdo, y otro sobre los cambios en el Código Penal para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico. Las reformas del Código Penal propuestas en el proyecto sobre Crimen Organizado se aplicarán en delitos que involucren el narcotráfico, lavado de dinero, de personas, tráfico de órganos, tenencia ilegal de armas y explosivos.
Una de las modificaciones es que se contempla una pena de 8 a 20 años de prisión o reclusión, por la mera pertenencia a la asociación ilícita que cometa ese delito.
En ese sentido se establece que la pena por el delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho, también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella.
Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.
La pena máxima que le corresponde al autor se podrá aplicar a cualquier miembro de la organización que “se valiera de la violencia física o de amenazas para el cumplimiento de sus fines”; o si los hechos se produjeran de manera “reiterada y ostensible en beneficio de la organización”.
Además, se aplicará “para amedrentar a la población en general o a ciertos sectores de la población, o para intimidar a las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales, o a las fuerzas armadas, fuerzas policiales y de seguridad”.
En caso de una investigación por una cantidad de delitos por tratarse de delincuencia transnacional la detención podrá tener hasta 15 días, con la posibilidad de que sea prorrogada con la autorización judicial correspondiente.
Además, se podrá incautar mercadería presuntamente vinculada con la comisión de ilícitos, así como hacer requisas en las cárceles nacionales o provinciales.
Otra potestad que tendrán será interceptar llamados telefónicos, mensajería de redes sociales, plataformas virtuales y otras formas de comunicación, con orden de la autoridad judicial competente y mediante los sistemas que prevé la ley.
En la sesión se debatirá el proyecto de regularización de tenencias de armas donde se otorgará un año para hacer el trámite para renovar los permisos que se hubieran vencidos, y en ese caso no tendrá ninguna sanción penal.