Un 37,5 por ciento de la población urbana -unas 15.750.000 personas- se
encontraba en situación de pobreza multidimensional a fines de 2019,
según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de
la Universidad Católica Argentina (UCA), al que accedió Télam, que
entrecruza datos de ingresos monetarios con carencias de derechos.
Las cifras implican un crecimiento de seis puntos en el índice de
pobreza multidimensional respecto de 2018, cuando se encontraba en 31,4
por ciento, y representa una suba de 8 puntos desde 2010, cuando estaba
en 29,7 por ciento.
De todos modos, aunque la cifra conocida ahora es alta, es menor a la
brindada por el organismo de la UCA en diciembre último correspondiente
al último trimestre de 2019, que daba un índice de 40,8% de pobreza en
la Argentina, pero estimado exclusivamente en los ingresos monetarios.
El informe, titulado "La pobreza más allá de los ingresos. Informe sobre
pobreza multidimensional 2010-2019", presenta nuevos datos obtenidos a
partir de una novedosa metodología de medición, que registra la
situación de los ingresos de los hogares así como las condiciones en que
se encuentran frente a derechos tales como el acceso a la alimentación y
la salud, servicios básicos, vivienda digna, medio ambiente, educación,
empleo y seguridad social.
Según el relevamiento realizado entre 2010 y 2019, la cifra de pobreza
multidimensional fue variando de la siguiente manera: 29,7 al inicio de
la serie; 24,8 en 2011; 24,4 en 2012; 25,5 en 2013; 26,5 en 2014; 27,2
en 2015; 29,2 en 2016; 26,7 en 2017; 31,4 en 2018 y 37,5 en 2019.
A Flourish chart
Agustín Salvia, el director del ODSA, explicó que en el informe "se
analiza la evolución de las condiciones materiales de vida de la
población urbana en la Argentina a partir de un enfoque multidimensional
fundado en derechos", aplicando una metodología inspirada en la matriz
bienestar/derechos que desarrolló el Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social, de México.
"En
un país que dispone de muy pocas estadísticas sociales para hacer
comparaciones fiables sobre cómo estábamos hace diez años, cómo estamos
ahora y cómo podremos estar en la nueva década que se inicia, los
desafíos asumidos y la tarea realizada son de un gran valor académico y
social", afirmó.
El nuevo informe del ODSA revela una tendencia dispar en la que, por una
parte, se observan mejoras sustanciales en el acceso a una vivienda
digna y a un medio ambiente saludable pero, por otra parte, se
manifiesta un deterioro, claramente marcado a partir de 2016, en las
dimensiones alimentación y salud, y en el acceso al empleo y la
seguridad social, aspectos ligados de manera directa a los ciclos
económicos.
El déficit que se observa a nivel de hogares en la dimensión
alimentación y salud "experimentó un descenso inicial y marcando un pico
en 2014, se ubicaba en torno al 19% para el año 2015, pero a partir de
2016 las condiciones de privación comienzan a incrementarse hasta
alcanzar al 26,6% de los hogares en 2019", según precisa el informe.
"Esta evolución se explica desde 2016 por las dificultades para el
acceso a medicamentos y a la atención médica, y desde 2018 por el
incremento de la inseguridad alimentaria severa, en un contexto de
fuertes incrementos de los precios de medicamentos y alimentos y
descenso del consumo en términos generales", agrega.
En relación al acceso a los servicios básicos, los técnicos del ODSA
observan una mejora importante a lo largo de todo el período, donde los
hogares que presentan privación en esta dimensión pasan de representar
el 38% en 2010 al 30% en 2019.
Esta dinámica se explica por el mayor acceso por parte de los hogares a
los servicios de agua corriente, y particularmente del descenso de los
hogares con déficit en el acceso a conexión a red cloacal. La mejora en
estas condiciones se explica por un fuerte proceso de inversión pública
cuyos resultados se observan entre 2010-2014 y 2016-2019.
En materia de educación, se observa una evolución irregular, donde la
proporción de hogares que tienen al menos una persona que no asiste a
instituciones educativas o presenta rezago se mantiene cercano al 30%.
Algo parecido ocurre con el acceso al empleo pleno y la seguridad
social, donde se observó un deterioro significativo, particularmente a
partir de 2016, donde el nivel de hogares que no perciben ingresos de
empleo registrado ni de jubilaciones o pensiones contributivas se
incrementó en 5 puntos, pasando del 25 al 30% del total.
Esta dinámica estuvo vinculada principalmente al incremento del
desempleo y la precarización laboral, que impactó más fuertemente sobre
los sectores más vulnerables, según el informe.
El documento destaca además que la pobreza estructural asume una
tendencia decreciente tras 2010, permaneciendo en niveles cercanos al
16% hasta 2015; y a partir de 2016 comienza una etapa en la que
experimentó un incremento sostenido -con excepción de 2017-, al llegar
al nivel más alto de la serie en 2019, alcanzando a un 21% de la
población.
En el caso de la pobreza estructural se verifica una "incidencia
marginal o muy baja en los estratos medios"; sin embargo, en los bajos y
en marginales, la pobreza estructural alcanzó niveles del 25% y del 44%
respectivamente en 2019, lo que marca una tendencia creciente desde
2016.
"Ese incremento se explica fundamentalmente por la evolución que
experimentó la pobreza estructural en el conurbano bonaerense", indica
el informe.