Fuentes del gobierno provincial le confirmaron al diario porteño Ámbito que exploran avanzar en la vía judicial, tal como ya lo hicieron a principios del 2024. “Seguramente se harán nuevas presentaciones. Todavía no hay una definición, pero es una posibilidad”, comentaron ante la consulta de ese medio.
Un poco de historia
Para comprender la pulseada entre La Rioja y Nación por los fondos hay que remontarse hasta la génesis misma del sistema actual de Coparticipación Federal, surgido en 1987 y aprobado en 1988, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Cuando se confeccionó la metodología, la provincia fue perjudicada por una asimetría con ribetes políticos.
Como compensación, cada año negocia con el Gobierno Nacional de turno la asignación de un monto extra equivalente a lo que estiman que será el 1% de la Coparticipación, ajustado por inflación.
Ese plus estaba contemplado dentro del Presupuesto 2023, aprobado en 2022 y prorrogado a partir de la llegada de Javier Milei a Balcarce 50. Este año, sin embargo, la provincia no percibió el monto definido, por lo que ya judicializó la puja con la Casa Rosada y demandó ante la Corte Suprema al Estado por más de $50.000 millones.
“Las provincias para poder ejercer plenamente su autonomía necesitan contar con recursos. No existe autonomía política sin recursos que la sustenten”, rezaba, además, aquella demanda, y señalaba que “no es posible desarrollar políticas públicas inclusivas sin los recursos correspondientes”.
Un escenario similar podría configurarse ahora, al calor del Presupuesto 2025, que no contempla el monto extra de Coparticipación Federal destinado al distrito y que se suma al plan motosierra que la administración libertaria lleva sobre las arcas provinciales.