El capítulo sobre Seguridad Interior del proyecto de ley “ómnibus” de reforma del Estado enviado al Congreso por el Gobierno nacional propone agravar e incorporar penas contra quienes corten el tránsito y define a una manifestación como una “congregación intencional y temporal de tres o más personas” en el espacio público.

En el Capítulo I del proyecto se establece la sustitución del artículo 194 del Código Penal, que prevé penas de 3 meses a 2 años.
Así, el nuevo texto plantea que: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de uno a tres años y seis meses”.
Además de agravar esa condena, se agrega que para quien porte un “arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de dos a cuatro años de prisión”.

Pero además incorpora que quienes “organicen o coordinen una reunión o manifestación” que corte el tránsito “serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe”.
También, se plantea que “le corresponderá pena de prisión o reclusión de tres a seis años a quienes mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta”.

Este principio, como otros aspectos del artículo, están en sintonía con el protocolo “antipiquete” establecido por el Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich.