El abogado Marcos Rodríguez explicó la gravedad de la suspensión de pensiones por discapacidad dispuesta por el Gobierno nacional. Aseguró que se trata de una medida inconstitucional, que desconoce los derechos fundamentales de los sectores más vulnerables.

Rodríguez detalló que junto a la doctora Torga integra un equipo de profesionales que, por pedido del gobernador Ricardo Quintela, patrocina a las familias afectadas en la Justicia Federal. “Somos parte de un gran equipo de abogados que se conformó para defender a las personas más vulnerables. No se trata de un capricho: la Constitución y los tratados internacionales obligan al Estado a garantizar estas pensiones”, subrayó.
El letrado explicó que la pensión por discapacidad “no es un beneficio discrecional, sino un derecho que tiene rango constitucional, porque asegura la dignidad humana de quienes no pueden valerse por sí mismos”. En ese marco, cuestionó que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) haya suspendido de forma masiva los pagos sin un proceso de auditoría regular, afectando incluso a personas con más del 90% de discapacidad comprobada.
Rodríguez reveló casos extremos, como el de una persona con parálisis cerebral y 95% de discapacidad cuya madre es curadora legal y que igualmente vio suspendida la pensión. “Estamos hablando de gente que no puede trabajar ni sostener a su familia, y que quedó sin recursos para cubrir alimentación, medicamentos y tratamientos. El perjuicio es inmediato y devastador”, afirmó.

Si bien algunos fallos de la Justicia Federal ordenaron la restitución de los haberes en un plazo de cinco días, Rodríguez advirtió que la demora administrativa hace que la devolución efectiva se concrete recién uno o dos meses después. “El daño ya está hecho: hay personas que no cobraron desde julio, quedaron sin obra social ni terapias, y apenas sobrevivieron”, señaló.
El abogado destacó el rol del gobernador riojano, a quien consideró “la única autoridad provincial que se puso al frente del reclamo contra el poder central”. Subrayó que la Fiscalía de Estado, la Asesoría General, la Dirección de Discapacidad y el Ministerio de Desarrollo Social acompañan los amparos colectivos e individuales.

Finalmente, Rodríguez advirtió que la suspensión de la ley votada por el Congreso y publicada en el Boletín Oficial constituye “una afrenta al sistema republicano de gobierno” y genera consecuencias políticas e institucionales. “Es grave, porque un poder del Estado no puede incumplir lo que manda el otro. Es hora de devolver cada pensión suspendida”, concluyó.