Lejos del clima de vacaciones y del receso propio de la época estival, el Gobierno nacional reactivó las negociaciones políticas de cara al tratamiento de la reforma laboral, que se debatirá en febrero en el Senado. En ese marco, emergió un reclamo central de las provincias vinculado al impuesto a las Ganancias, que se convirtió en un factor decisivo y hoy condiciona el respaldo legislativo al proyecto impulsado por la Casa Rosada.
En ese contexto se enmarcan las primeras reuniones entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y distintos gobernadores de la oposición dialoguista, con el objetivo de recabar las demandas de las provincias y luego devolver una contrapropuesta que satisfaga a las partes y permita la aprobación del proyecto en ambas cámaras del Congreso.
El funcionario del Gobierno nacional inició esta semana una ronda de contactos clave en el interior del país. En ese marco, viajó a la provincia de Mendoza para reunirse con el gobernador Alfredo Cornejo y, posteriormente, se trasladó a San Juan, donde mantuvo un encuentro con el mandatario Marcelo Orrego.
Ambos gobernadores tienen una visión general positiva de la reforma laboral que impulsa la Casa Rosada, aunque plantearon reparos puntuales sobre algunos artículos y reclamos específicos de sus distritos que condicionan su acompañamiento legislativo.
Durante el encuentro en Mendoza, Cornejo le manifestó a Santilli sus diferencias con uno de los puntos impositivos incluidos en el proyecto. Se trata de un reclamo que no es aislado, sino que es compartido por al menos seis gobernadores, tanto del radicalismo como de otros espacios provinciales, que advierten sobre el impacto fiscal que podría generar la iniciativa en sus territorios.
La coparticipación, el centro de la polémica
El eje central de la discusión pasa por la modificación de la escala del impuesto a las Ganancias para las sociedades, incluida en el artículo 131 del proyecto enviado por el oficialismo al Senado. La iniciativa propone reducir la alícuota del 30% al 27% para el tramo 2 y modificar el tramo 3 del 35% al 31,5%.
El punto conflictivo radica en que el impuesto a las Ganancias es coparticipable, por lo que cualquier modificación en su recaudación tiene un impacto directo en los fondos que reciben las provincias.
La baja de la alícuota implicaría una menor recaudación total, lo que se traduciría en una reducción de los recursos que luego se distribuyen entre las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según estimaciones que circulan entre los gobernadores, el beneficio fiscal de esta modificación se concentraría en apenas 144 grandes empresas y representaría alrededor del 0,3% del Producto Bruto Interno. Para las provincias, en cambio, el costo sería significativo y de impacto inmediato en sus finanzas.
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) detalla que, de aplicarse el artículo sin cambios, las provincias dejarían de percibir 1,9 billones de pesos.
Un caso concreto expuesto por IARAF es el de la provincia de La Rioja que sufriría una pérdida estimada de $22.493 millones anuales en concepto de coparticipación federal. El dato pone en evidencia el fuerte impacto negativo que tendría la medida en distritos con alta dependencia de los recursos nacionales.
En el ranking de provincias más afectadas, Buenos Aires encabeza la lista de pérdidas potenciales, seguida por Santa Fe y Córdoba. Este escenario refuerza la postura de los mandatarios provinciales que reclaman modificaciones al artículo 191 del proyecto, considerado uno de los más sensibles de toda la reforma.
El planteo común de los gobernadores es que la reducción de la alícuota no puede aplicarse sin un esquema de compensación. En ese sentido, propusieron que el costo fiscal sea absorbido de manera transitoria por el Estado nacional y que la implementación plena de la medida se postergue para los años 2027 o 2028.
La Casa Rosada evalúa un alivio temporal
Dentro del Gobierno nacional reconocen que el reclamo provincial está siendo analizado. En ese marco, está prevista una reunión clave en Casa Rosada en la que participará el ministro de Economía, Luis Caputo, junto a otros funcionarios del área económica y política, para evaluar posibles alternativas que permitan avanzar con la reforma sin afectar el objetivo central de déficit cero.
En el oficialismo insisten en que el equilibrio fiscal no está en discusión y que cualquier concesión deberá ser cuidadosamente evaluada.
Sin embargo, admiten que el respaldo de los gobernadores resulta indispensable para lograr la aprobación de la reforma laboral en el Congreso, donde el oficialismo todavía cuenta con una mayoría ajustada.
Mientras tanto, los mandatarios provinciales juegan sus propias cartas: apoyo legislativo a cambio de alivio fiscal, compensaciones transitorias o la reactivación de obras públicas pendientes. La negociación continúa abierta y será determinante para el futuro de la iniciativa.
La reforma laboral avanza en el debate político, pero su destino sigue atado a cómo se resuelva el conflicto por el impuesto a las Ganancias y la coparticipación. En ese delicado equilibrio entre ajuste, consenso y gobernabilidad, el Gobierno busca destrabar una ley clave para su programa económico.