La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción, con sede en la ciudad de La Rioja dio continuidad al juicio por abuso sexual con acceso carnal en contra de Adrián N. R.; el Tribunal fue presidido por la Dra. Sara López Douglas y las vocales juezas Dras. Karina Cabral y Edith Elizabeth Agüero.
La jornada dio inicio por parte de la Presidenta del Tribunal, seguidamente el Ministerio Publico Fiscal a través de su representante y a cargo de la acusación contra Adrián N. R., solicito 12 años de prisión ante las pruebas reunidas en la etapa de investigación. Por parte de la Defensa Técnica del acusado y haciendo hincapié en el control de la prueba documental, la Defensa solicitó la absolución del imputado. Para finalizar la etapa del debate, el acusado se declaró inocente del hecho.
El hecho atribuido ocurrió en mayo de 2016, cuando el imputado ingresó a la vivienda perteneciente a la abuela de la víctima (menor de edad), quien en ese momento convivía con su madre. Una vez dentro, se dirigió a la habitación donde la niña dormía y, aprovechando esa circunstancia, cometió el abuso.
Procesado por violencia
Por otro lado, el Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de La Rioja y a cargo de la jueza Dra. Gisela Flamini, dictó el procesamiento y prisión preventiva de Juan G. O., imputado por los delitos de incendio, amenazas y lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género.
La causa se originó a partir de la denuncia presentada el 30 de enero de 2025 por una ciudadana, quien relató haber sido víctima de agresiones físicas, amenazas y un intento de incendio en su domicilio, en presencia de sus hijos menores. El informe médico constató lesiones compatibles con su declaración, mientras que los informes interdisciplinarios dieron cuenta de un contexto de violencia de género crónica, con antecedentes de incumplimiento de medidas cautelares previas por parte del imputado.
La resolución judicial valoró especialmente el testimonio de la denunciante, corroborado con pericias médicas, psicológicas y socioambientales, que confirmaron la situación de alto riesgo en que se encontraba. Asimismo, se destacó que el imputado registra antecedentes penales vinculados a hechos de violencia, lo que agrava el cuadro procesal.
En consecuencia, la magistrada ordenó la prisión preventiva del imputado en el Servicio Penitenciario Provincial y dispuso un embargo sobre sus bienes por la suma de $100.000 para responder a eventuales costas y sanciones pecuniarias.
La decisión reafirma el compromiso institucional en la aplicación de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y de los tratados internacionales de derechos humanos que obligan al Estado a garantizar una vida libre de violencia para todas las personas.