La investigación se originó a partir de una denuncia radicada en la Unidad Fiscal de Violencia de Género, que dio lugar a diversas medidas probatorias, entre ellas informes médicos, psicológicos y declaraciones testimoniales, las cuales fueron valoradas en el marco del proceso con perspectiva de género.
La resolución judicial destacó la relevancia del testimonio de la persona denunciante, corroborado con elementos periciales y documentales incorporados a la causa, y remarcó que los hechos ocurrieron en un contexto de vulnerabilidad, bajo una relación de confianza profesional, lo que constituye un agravante en la valoración del ultraje.
La decisión judicial se enmarca en la aplicación de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y de la Ley Provincial 8.561, reafirmando el compromiso institucional en la investigación y juzgamiento de hechos que atentan contra la integridad sexual y la dignidad humana.
El hecho que se investiga, fue denunciado por una paciente quien asegura que, su médico ginecólogo tras un episodio ocurrido en el marco de una consulta profesional, refirió haber sido objeto de un acto de connotación sexual no consentido, lo que motivó una inmediata intervención de la Unidad Fiscal de Violencia de Género. El relato fue posteriormente ratificado en sede judicial, complementado con informes médicos, psicológicos y documentales que reforzaron la investigación.