Una funcionaria judicial, desempeñando el cargo de Secretaria en un juzgado de la Segunda Circunscripción Judicial, enfrenta acusaciones por presunto tráfico de influencias. Este caso es relevante por la rareza de la figura delictiva y subraya la importancia de preservar la imparcialidad y transparencia en la función pública, especialmente en el ámbito judicial.
El caso está siendo manejado por el Juez de Instrucción N° 1, el Dr. Alberto Marcelo Carrizo. El Fiscal, Dr. Diego Torres Pagnussat, presentó la solicitud oficial de instrucción del caso.
La acusación surge a raíz de una denuncia presentada por un ex empleado de un autoservicio. Según la denuncia, habría contactado al denunciante ofreciéndole su influencia como funcionaria judicial para favorecerlo en un litigio laboral contra su ex empleador.
Las autoridades judiciales iniciaron una investigación, recopilando pruebas como capturas de pantalla de conversaciones telefónicas y testimonios de los implicados. En el transcurso de la investigación, se descubrió que la funcionaria había contactado al denunciante y a un abogado laboralista, supuestamente para influir en un proceso judicial a favor del denunciante.
La acusada ejerció su derecho a la defensa y el caso está siendo revisado conforme a las leyes procesales. En caso de ser encontrada culpable, podría enfrentar cargos por tráfico de influencias, delito que conlleva penas de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. El caso pone de relieve la importancia de preservar la imparcialidad y transparencia en la función pública, especialmente en el ámbito judicial.
Comentarios