La prueba fue manipulada por el tribunal sin que nadie sepa hasta hoy cuál ha sido el estándar que emplearon para dar por acreditados los hechos: los jueces simplemente estaban convencidos de que era culpable. Adicionalmente, elementos que servían para desmontar la acusación no fueron tenidos en cuenta: una auditoría dictaminó que no había sobreprecio en la obra ejecutada, pero fue desestimada. La fiscalía que acusaba y los jueces que debían resolver tenían vinculaciones sociales, económicas y políticas que hacían dudar de su imparcialidad.
La aplicación de la ley fue selectiva: por razones que nada tienen que ver con el derecho, se decidió acusarla y enjuiciarla penalmente, mientras que otros en una situación idéntica o más grave nunca han sido ni serán condenados o siquiera investigados.
Se ha hecho justicia, del modo que nuestro sistema la imparte a diario. Buscando la prueba que sirve para justificar la condena previamente decidida por razones de íntima convicción, descartando elementos que podrían ir en contra del convencimiento del juzgador, por fiscales y jueces entrelazados en una maraña de conflicto de intereses, que seleccionan por razones extrajurídicas a quién perseguir y a quién no.
Se ha hecho justicia como regularmente se practica con quienes no asistieron a la universidad el 1% de la población carcelaria tiene estudios superiores no tienen trabajo a tiempo completo más del 80% de los condenados no habían encontrado empleo y básicamente son pobres. Al entrar al juicio, ellos también ya se saben íntimamente condenados. La sentencia estaba lista desde que nacieron.
Se ha hecho justicia, porque la han puesto donde debía estar: con quienes cumplen condena. Al lado de los pobres, para quienes creó 16 universidades y 5 millones de puestos de trabajo. Al lado de quienes, desde que llegaron al mundo, llevan escrita su sentencia en la piel. Al lado de aquellos que deambulan buscando la Justicia que no es hecha o fabricada por algún juez e irremediablemente sólo encuentran sed.
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