El Juez de Instrucción de Chilecito, Jorge Jalil reabrió una causa por un presunto abuso sexual en contra de una menor de edad.
En diciembre de 2020, una mujer de apellido Barrionuevo denunció en la comisaría de Chilecito a su cuñado, de 32 años, por presuntos tocamientos indebidos a su sobrina de 14 años, en la vivienda donde convivían.
La denunciante, tía de la menor, llegó desde Córdoba para pasar las fiestas con su familia y afirmó haber observado actitudes inapropiadas del acusado hacia la adolescente durante su estadía. La denuncia, formulada en representación de la menor, activó de inmediato los protocolos de protección a menores en la ciudad.
Según Barrionuevo, el hombre tocó las partes íntimas de la menor, hija de su pareja, en la casa familiar. Otros familiares, incluida la abuela de la menor, de 81 años, respaldaron la denuncia y declararon que también notaron comportamientos indebidos del acusado. Además, un menor de 12 años, hijo de la pareja, afirmó que el hombre tocó a la adolescente en un vehículo. Sin embargo, el caso no avanzó en 2020 y fue archivado sin resolución por la jueza anterior.
Esta semana, el Juez de Instrucción Jorge Jalil ordenó la reapertura del expediente como parte de una revisión de casos archivados sin resolver por la jueza anterior. Citada el 22 de septiembre bajo el art. 67 del Código Procesal Penal, incorporado por la Ley Nacional N° 27.206 ("Ley Piazza"), la víctima, ahora de 19 años, compareció ante el juez y desmintió categóricamente los hechos denunciados. Declaró que nunca sufrió abuso por parte de su padrastro, con quien mantenía una relación respetuosa, y expresó su deseo de cerrar la causa para evitar perjuicios basados en lo que calificó como una acusación falsa.
La retractación de la joven, quien vive con su madre, abuela y hermanos tras la separación del acusado de la familia este año, apuntó a posibles conflictos personales entre Barrionuevo y el denunciado como origen de la acusación.
El juez Jalil comprometió revisar expedientes no prescriptos y afirmó: “Buscamos garantizar justicia para las víctimas”. Este caso destacó las fallas de la gestión judicial previa, que dejó casos sin investigar, y puso en evidencia los riesgos de denuncias motivadas por rencillas familiares o de víctimas que prefirieron no revivir hechos, tras años de espera, para evitar revictimización. Las autoridades continuaron analizando el contexto para determinar si hubo falsa denuncia, penada por el art. 245 del Código Penal.
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