La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió una investigación preliminar por el escándalo que involucra la promoción por parte del presidente Javier Milei del meme coin $LIBRA que resultó una estafa para miles de inversores, en todo el mundo. Pese a que todavía no recibió ningún pedido de colaboración por parte de la fiscalía que encabeza Eduardo Taiano, la oficina que conduce el fiscal Sergio Rodríguez inició de manera autónoma sendas investigaciones a la espera de que el caso tenga impulso fiscal ante el juzgado de María Servini que aglutina el mayor número de denuncias presentadas.
Pero en paralelo, el caso ofrece su flanco más amenazante para la situación de la administración Milei desde el exterior, donde algunos afectados ya se han presentado ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) para iniciar una demanda. Este tipo de presentaciones buscan caminar los pasos que siguieron los bonistas que litigaron contra el país en tribunales extranjeros y aquí es donde la figura de Milei –promocionando en su cuenta de X y en el ejercicio de sus funciones el fallido proyecto de inversión- salpica al Estado argentino, en múltiples aristas. No es solo la posibilidad de actuación del FBI, sino también de Homeland Security, un organismo poco conocido en estas latitudes (más allá de la ficción de una serie) pero que gusta de intervenir en investigaciones de este calibre, sobre todo si la circulación del dinero obtenido en la estafa pudo tener relación con algún activo estadounidense en el mundo.
La PIA –que depende de la Procuración General de la Nación- posee autonomía para investigar hechos de posible corrupción e irregularidades administrativas cometidas por funcionarios públicos, lo que pone en la mira no solo al Presidente, sino a todo su entorno, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y todos aquellos funcionarios que hayan intervenido en las gestiones que derivaron en el cripto escándalo. Es decir, puede avanzar de oficio si considera que existen elementos, al menos, para una investigación preliminar.
Esto ya está ocurriendo por dos vías, según confirmó Ámbito: por un lado, comenzó unificando una serie de presentaciones anónimas que fueron recibidas directamente en la PIA; y por el otro, un escrito de la legisladora Graciela Ocaña que apuntaba directamente a un presunto tráfico de influencias por el supuesto pago de audiencias por parte de empresarios interesados en mantener reuniones con Milei que, según trascendió desde ayer, tendrían como epicentro la figura de su hermana, pero podría extenderse a otros miembros del entorno presidencial. Ese escrito se está analizando por parte de los fiscales especializados de manera separada.
De reojo observan lo que pueda llegar a ocurrir en Comodoro Py cuando Servini termine de organizar el papeleo y le corra vista al fiscal Eduardo Taiano que está regresando el 20 desde Costa Rica y debe ser quien decida el impulso de la acción penal, enmarcar qué delitos se investigarán, en principio, y si explicita o no una lista de imputados. Según pudo saber Ámbito, hay nulas chances de que no exista impulso, al menos, para abrir una causa penal por averiguación de delito y definir medidas de prueba iniciales.
Según pudo saber este medio, la espera a lo que suceda en el juzgado de Servini no es especulativa, sino para no duplicar esfuerzos y en todo caso colaborar con lo que desde Comodoro Py se defina. Desde ya no será sencillo: a la maraña de demandas se le debe agregar un aluvión de pretensos querellantes que deberán ser depurados para ordenar la dirección del expediente. Taiano podría, eventualmente, requerir colaboración de la PROCELAC, que es la Procuraduría especializada en lavado de activos y la que tiene más aceitados contactos con autoridades regulatorias en Estados Unidos.
La referencia a lo que pueda ocurrir en el exterior es algo que los operadores del sistema comienzan a analizar con mayor atención: desde el Gobierno se esforzaron hoy en afirmar que no existe una investigación por parte del FBI. En rigor, no lo saben porque la agencia estadounidense no confirma ni desmiente cuando inicia pesquisas. Lo que relativiza es la versión de que un emisario presidencial estaría viajando de urgencia a EEUU para, junto a un conocido operador de inteligencia que reside en Miami, intentar alguna gestión que aplaque el escándalo.
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