La morosidad de los hogares argentinos dejó de ser solo una señal de alerta para convertirse en una crisis de magnitud. A febrero de este año, la mora en entidades financieras alcanzó el 11,2% y en entidades no financieras el 29,9%, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) presentado en la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados. El dato más contundente: hay 4,8 millones de personas con mora superior a los tres meses, un 45% más que en febrero de 2024, equivalente a cerca de 1,5 millones de nuevos deudores en un año.
El diagnóstico compartido por los expositores es que el endeudamiento familiar no responde a gastos extraordinarios sino a la cobertura de necesidades básicas. Con un IPC porteño de 209% entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, los aumentos en rubros cotidianos fueron muy superiores a la inflación promedio: 423% en alquileres, 539% en servicios y 447% en transporte.
Las tasas para préstamos personales bancarios, en torno al 70% anual, agravan el cuadro. Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, lo describió sin rodeos: "un tsunami en formación" con "imposibilidad de cubrir necesidades elementales de millones de personas".
La reunión, encabezada por el diputado Hugo Yasky (Unión por la Patria), presidente de la comisión, funcionó como puntapié de un debate que el oficialismo pareciera dispuesto a transitar, al menos en esta etapa informativa. "Es un tema que acucia a muchos hogares de la Argentina, el endeudamiento con tarjetas de crédito, con billeteras virtuales", advirtió Yasky al abrir el encuentro. Actualmente hay seis proyectos de cinco bloques opositores que contemplan distintas estrategias de refinanciamiento. El diputado anticipó una segunda reunión con participación ampliada. "Se están buscando los consensos, aún no hay nada definido", indicaron desde su bloque.
El trasfondo político no es menor. Las conversaciones ya trascienden las bancadas y se dan entre senadores y diputados. Los bloques opositores evalúan si están en condiciones de alcanzar los 129 votos necesarios para pedir una sesión especial y avanzar en una agenda que incluye el desendeudamiento, la emergencia PyME, la interpelación al jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ampliación de licencias parentales, en una lógica similar a la que permitió sancionar leyes como discapacidad, universidades y Garrahan en 2025. Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, buscó bajar tensiones: "Vinimos a retomar un debate sobre un tema que ya se discutió el año pasado a título informativo. No hay intención de emitir dictamen hoy".
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