El gobernador Ricardo Quintela se reunió con miembros representantes de la Cámara Riojana de la Construcción, dónde dialogaron sobre la difícil situación que vive el sector. En la oportunidad, Quintela manifestó la voluntad del Gobierno de finalizar las obras inconclusas mediante fondos provinciales.
Luego de la reunión, el ingeniero Alfredo Ghinatti, vicepresidente de la Cámara Riojana de la Construcción, expresó que “nosotros le expusimos lo duro que fue este año y, bueno, logramos el compromiso de él de, una vez pasada las fiestas, a mediados de enero juntarnos para hacer una evaluación y, sobre todo, darle continuidad a las obras mediante fondos provinciales”.
Ghinatti comentó que son muchas la obras de infraestructura que quedaron sin finalizar, como viviendas, “que son muy sensibles a la sociedad” sostuvo.
“Llegamos a la conclusión que a partir de enero esto tiene que tomar un poco más de fuerza y empezar a terminar las obras que están inconclusas” culminó el vicepresidente.
Preocupa el empleo
La entidad que nuclea a los empresarios constructores de La Rioja, había advertido semanas atrás que como consecuencia directa de la paralización de la obra pública que el Gobierno nacional dispuso en todo el país, el empleo en la construcción cayó un 70% en la provincia.
Así lo afirmó el nuevo presidente de la Cámara de la Construcción de La Rioja, Héctor Spallanzani, quien dialogó sobre el presente que hoy vive el sector.
“Hoy tenemos una caída del empleo que es del 70%. El sector pasa un momento crítico en todo el país y en La Rioja esto tiene mayor impacto porque casi el 80% de nuestra actividad se vincula con la obra pública y la obra pública está prácticamente paralizada. A su vez, en el sector privado también se resintió un poco la actividad. aunque hay alguna posibilidad de reactivarla”, afirmó el presidente de la Cámara de la Construcción de La Rioja, Héctor Spallanzani, sobre el presente que vive el sector.
El empresario se refirió al acuerdo que a principios de julio pasado el Gobierno provincial firmó con la Nación para la reactivación de poco más de una docena de obras, la mayoría de ellas viales. En este sentido, Spallanzani dijo que la mayoría de esas obras no se iniciaron. “Esos acuerdos que la Nación firmó con La Rioja y también con otras provincias no se están cumpliendo ni acá ni en otras provincias”, indicó.
Spallanzani habló luego sobre las obras de viviendas y recordó que éstas no están incluidas en el mencionado acuerdo Nación – Provincia. “Todos los programas de vivienda que se estaban ejecutando y que se suspendió la financiación nacional para esos programas, la Provincia asumió la responsabilidad de tratar de terminarlas con fondos propios para aquellas que están con un grado de avance del 70% o más. Se están tratando de terminar algunos programas”, añadió.
En este contexto, Spallanzani consideró que ante la crisis, las empresas constructoras deben tratar de “reconvertirse” y buscar desarrollar algunas actividades para sostener al sector, en especial para sostener el empleo. “Tenemos que tratar de generar una actividad para sostener al sector, en especial pensando en los trabajadores. Las empresas tienen que tratar de reconvertirse hacia otras actividades, por ejemplo tratar de participar en la actividad minera”, consideró.
El titular de la Cámara de la Construcción a nivel nacional Gustavo Weiss remarcó que por “información de nuestros asociados y datos de consumo de materiales en octubre señalan que el nivel de actividad está descendiendo sensiblemente. Esto se agravó en la última semana, ante declaraciones del presidente electo sobre cambios sustanciales en la futura política de inversión en obra pública”.
Asimismo, recordó que si bien “existen tipos de obra en que la iniciativa y el financiamiento privado es posible y deseable”, “esos contratos de inversión privada no significaron más del 17% de la inversión total en infraestructura en el mundo: es decir el 83% fue inversión pública en infraestructura pública”.
“A nivel nacional se conoce que existe deuda devengada (es decir, contabilizada luego de ser inspeccionada y aprobada) e impaga de $ 160.000 millones. Se estima que existen trabajos realizados en curso de medición, y/o obligaciones en trámite y en curso de aprobación por un monto similar”, planteó y añadió que “entendemos que los contratos en curso deben ser respetados, como declaró el presidente electo, con estricto apego al principio de continuidad del Estado”.
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