El oficialismo logró desactivar, al menos por ahora, uno de los focos de tensión política en el Senado. Tras intensas negociaciones encabezadas por Patricia Bullrich, el Gobierno acordó con sectores de la oposición dialoguista postergar el tratamiento del pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza federal cuestionada por Javier Milei por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. La definición se tomó en una tensa reunión de Labor Parlamentaria, donde también se formalizó el ingreso del dictamen favorable a Michelli, que permanecía frenado por el presidente de la comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, pese a contar con las nueve firmas necesarias.
Con la publicación de la Orden del Día, el pliego podrá tratarse recién en una próxima sesión, ya que el reglamento exige un plazo mínimo de siete días entre la emisión del dictamen y su debate en el recinto. La decisión profundizó la tensión interna en La Libertad Avanza, aunque Bullrich le bajó el tono a la confrontación y aseguró: "No hay riesgo de fractura".
El oficialismo resolvió además que este jueves solo se debatirán 50 de los 73 pliegos con dictamen. Quedaron excluidos, entre otros, los expedientes de Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, señalados por supuestos vínculos con Claudio "Chiqui" Tapia, y el de Juan Manuel Mejuto, apuntado por su cercanía con el kirchnerismo. Entre los nombres que sí podrían avanzar figuran Emilio Rosatti, hijo del titular de la Corte Suprema, y Ana María Juan, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi.
Holdouts y propiedad privada
A pesar de la postergación del caso Michelli, el Senado avanzará este jueves con dos proyectos de alto impacto económico y legal.
El acuerdo con holdouts habilita el pago de 171 millones de dólares a los fondos Bainbridge y Attestor, últimos acreedores con litigios activos por el default de 2001. Con este pago, que también debe aprobar Diputados, se cerraría definitivamente esa deuda histórica antes del plazo límite del 30 de junio.
El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, introduce modificaciones en la legislación sobre expropiaciones, alquileres y venta de tierras a extranjeros. Establece estándares estrictos de necesidad y proporcionalidad para declarar un bien de utilidad pública, actualiza indemnizaciones por inflación con inclusión del lucro cesante e implementa un proceso sumarísimo para desalojos ante ocupaciones ilegítimas.
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