Con el tratamiento de la denominada “ley ómnibus” caminando por el precipicio, el gobernador Martín Llaryora sigue de cerca tres puntos que considera claves para no detonar el vínculo político con el electorado cordobés. En dos de estos ítems ya hay una negociación abierta con el Gobierno nacional; y el tercero es el que está en manos de la rosca legislativa.
Los puntos en cuestión son sostener el corte de los biocombustibles y no avalar una suba en las retenciones a los productos agropecuarios regionales y a la soja. Ambos tocarían, en caso que se apruebe la iniciativa de Javier Milei tal como llegó al Congreso, un guadañazo en el corazón productivo de la provincia, aquel que tantos triunfos le dio al peronismo cordobés, aunque en las últimas elecciones votó a favor de Luis Juez y del actual presidente, respectivamente.
El tercero es la fórmula de movilidad para el cálculo de las jubilaciones, delegando en Milei una herramienta sumamente discrecional que utilizada sólo con la variable contable puede provocar un gravísimo daño social.
Hay otros dos puntos de la “ley ómnibus” que también afectarían directamente a Córdoba. El avance sobre la deforestación del bosque nativo, avasallado en las últimas décadas, y la posibilidad de utilizar la quema como método de “aprovechamiento productivo”, trastocando los presupuestos mínimos de protección ambiental. Córdoba sufre por estos días el grava pasivo ambiental.
En ese marco, Llaryora, ya en tren de negociación con el ministro de Interior, Guillermo Francos, anticipó a través de Ignacio García Aresca que sus diputados no van a “votar leyes a ojos cerrados”. “Pretendemos que la ' ley ómnibus’ se abra y de esa manera podamos debatir cada uno de esos temas por separado. En el debate veremos qué temas acompañaremos” dijo García Aresca.
En un mismo sentido, Natalia de la Sota apuntó: “El Gobierno no le puede pedir al Congreso que se vote una mega ley sin escuchar todas las voces y sin tener en cuenta las consecuencias de cada una de las medidas propuestas”.
Rodrigo de Loredo, quien preside el bloque radical en diputados, anticipó que su bloque quiere “darle las herramientas” a Milei para su plan económico, pero matizó respecto de la suerte de otros puntos contemplados en el proyecto de ley que no interceden sobre la economía o cuyo costo político sería excesivo.
La diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning (UCR) lo planteó así: “No es lógico pretender que partidos que piensan de manera tan diferente puedan ponerse de acuerdo en modificaciones legislativas tan profundas en una semana, por lo que espero realmente que el Gobierno nacional tenga la misma vocación de diálogo que nosotros. Ojalá que el Gobierno no pretenda hacer de esto solo una puesta en escena para desviar el foco de su gestión en materia económica y endilgar culpas al congreso si sus iniciativas parlamentarias no avanzan por su inflexibilidad para sentarse a debatir”.
En el horizonte aparecen dos caminos posibles, ambos con alto costo político para Milei y su discurso de “todo o nada”: desguazar la “ley ómnibus” en distintos paquetes, priorizando el económico; o someterse a una votación en general y una larga sesión de votación particular.
Comentarios