El Gobierno y la CGT reanudarán la semana próxima en forma oficial sus negociaciones para introducir cambios en la reforma laboral, pero los líderes cegetistas, sin garantías de un resultado satisfactorio, decidieron hacer dentro de 15 días una gira por varias provincias para hablar con los gobernadores y tratar de convencerlos de no votar el proyecto oficial tal como está hoy.
Así lo decidieron los cotitulares de la CGT Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), que ya tienen un itinerario tentativo: viajarán a Tucumán, Salta, Catamarca, Córdoba y Santa Fe, en una primera etapa, y luego se trasladarán a la Patagonia para verse con los mandatarios de Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
En todos los casos, quieren presionar en forma directa para evitar que el Gobierno, que envió al ministro del Interior, Diego Santilli, a hacer casi los mismos contactos, imponga una versión de la reforma laboral tal como fue presentada en el Senado, que contempla puntos considerados inaceptables por la dirigencia gremial.
De todas formas, los sindicalistas harán especial hincapié ante los mandatarios en cómo el capítulo impositivo incluido en la reforma laboral de Javier Milei tendrá un fuerte impacto negativo sobre los ingresos que las distintas provincias reciben por coparticipación federal.
Entre los principales cambios, el proyecto de reforma laboral plantea una reducción de alícuotas para sociedades en los tramos más altos y la exención del impuesto para alquileres destinados a vivienda. Según los gobernadores, eso reduce la base tributaria de la cual se distribuyen los fondos, lo que redundaría en menores envíos automáticos de recursos a los distritos.
Mientras, el viernes 16 de enero comenzará formalmente a trabajar una comisión técnica en el Senado, piloteada por la abogada laboralista Josefina Tajes, asesora de la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, que evaluará con los representantes de la CGT algunas modificaciones en el proyecto, con la idea de que, si hay acuerdo, a partir del 26 de enero se apruebe un nuevo dictamen en comisión y ese sea el texto consensuado (aunque sea parcialmente).
¿Qué pide la CGT y qué aceptaría cambiar el Gobierno? Por un lado, los libertarios se resisten a modificar el artículo que elimina la obligatoriedad de que los empleadores sean agentes de retención de la cuota de afiliación. En la Casa Rosada advierten: “Quedó muy a tono con lo que establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que no está bien que un actor social tenga que trabajar para otro, como sucede en este caso si los empleadores tienen que ser los que retengan y giren los fondos de las cuotas sindicales”.
Sí, en cambio, el Gobierno aceptaría liberar las cuotas solidarias y eliminar los artículos que limitan el pago de estos aportes compulsivos que, pactados a través de los convenios colectivos, financian a los sindicatos. Es, en el fondo, uno de los puntos que más desvelan a los dirigentes gremiales. Y habría predisposición libertaria a buscar una fórmula para que sigan casi como ahora. Aun así, algunos referentes del oficialismo sospechan que la estrategia de Patricia Bullrich sería “demostrarle a la sociedad que lo que exige la CGT es solo en beneficio del poder sindical y no de los trabajadores”.
Otro punto que la administración Milei concedería a la CGT es suavizar lo máximo posible la reglamentación del derecho de huelga en el transporte, la educación y la salud, entre otras actividades. Se impondría la idea del ala dialoguista del Gobierno de quitar los porcentajes de servicios mínimos que deben garantizarse en caso de huelga (75% y 50%)
Un tema aun sin resolverse está vinculado con la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar los despidos sin causa de trabajadores. El problema es que este Fondo implica que las empresas aporten el 3% de la masa salarial bruta para cubrir indemnizaciones y, a cambio, reciben una reducción del 3% en sus contribuciones patronales al sistema previsional, algo que desfinanciaría las jubilaciones de los trabajadores.
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