Durante la reinauguración de las nuevas instalaciones de Radio La Torre, el mandatario provincial, Ricardo Quintela, manifestó su preocupación por la situación que enfrentan las provincias, especialmente La Rioja, ante las decisiones del gobierno nacional.
“El presidente Milei ha prorrogado por segundo año consecutivo el presupuesto de 2023 mediante decreto. Esto, en un contexto de inflación que supera el 450% en los últimos dos años, representa un golpe profundo para las provincias. Se está pagando con valores salariales de 2022 mientras se recaudan impuestos de 2025”, afirmó el mandatario.
Quintela fue particularmente enfático al referirse al impacto de estas políticas en La Rioja: “Desde 1983, este es el primer presidente que no reconoce los fondos extracoparticipables que corresponden a nuestra provincia. Esto es un atropello al derecho de los riojanos de tener una mejor calidad de vida”.
El gobernador también cuestionó el rol de los representantes libertarios en la provincia, pidiendo a la ciudadanía que exija rendición de cuentas. “¿Qué hicieron por La Rioja? ¿Trajeron algo concreto para los departamentos que les dieron su apoyo? Es inaceptable que quienes deberían defendernos sean cómplices de estas políticas”.
Para finalizar, Quintela destacó su decepción no solo por las decisiones del gobierno nacional, sino por la falta de sensibilidad ante el sufrimiento de los sectores más vulnerables. “Es cruel cómo se maneja el país. Han quitado derechos esenciales, como el 28% de los ingresos a nuestros jubilados, y han dejado sin medicamentos a quienes más los necesitan”.
Presupuesto nacional reconducido
El Gobierno Nacional publicó finalmente el DNU 1131/2024, oficializando la prórroga del Presupuesto General de la Administración Nacional para 2025, al no haberse alcanzado un acuerdo en el Congreso para aprobar una nueva “ley de leyes”.
Es la segunda prórroga consecutiva. A pesar de haber presentado un proyecto de presupuesto en septiembre, el Ejecutivo decidió no convocar a sesiones extraordinarias, argumentando preocupaciones sobre el impacto que un debate legislativo podría tener en el equilibrio fiscal.
La prórroga surge en un contexto de tensiones abiertas entre el Gobierno nacional y las provincias. Las negociaciones se encuentran suspendidas, ya que los gobernadores reclaman puntos que, para el presidente Javier Milei, atentan contra su premisa central del déficit cero.
Entre las principales exigencias de los mandatarios provinciales se destacaban la regularización de las deudas por las cajas provinciales no transferidas, la coparticipación del impuesto a los combustibles y la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), directamente congeladas por Milei.
Según informaron fuentes oficiales estos reclamos representaban un total de 3.700 millones de dólares. Sin embargo, desde Balcarce 50 insistieron: “No hay plata. Tampoco proponen de dónde sacar esa plata. No hay 3.700 millones para sacar de ningún lado”.
¿Se vota en febrero?
En el oficialismo sostienen que, si los gobernadores acceden a garantizar el respaldo al proyecto original presentado en septiembre, el Presupuesto podría tratarse en febrero, aunque advierten que no hay antecedentes de votaciones presupuestarias en ese mes. “No hay antecedentes de que se vote en febrero, pero bueno… esto es día a día”, comentó una fuente oficial.
Por su parte, un importante alfil libertario afirmó: “Si acceden a votar el Presupuesto que mandamos, tranquilamente podría tratarse en febrero. Dependerá de los gobernadores”.
Sin acuerdos concretos y con un escenario legislativo incierto, el decreto aparece nuevamente como la herramienta clave para prorrogar el presupuesto sancionado en diciembre de 2022, tal como se hizo al inicio de la gestión libertaria en diciembre de 2023.
El artículo 2 del decreto delega al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la facultad de “adecuar oportunamente” la previsión presupuestaria según el contexto económico y financiero.
La Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) expresó su preocupación por la falta de consenso para la aprobación del Presupuesto de la Administración Pública Nacional para el ejercicio 2025.
“Esta circunstancia constituye un retroceso en la institucionalidad del Sector Público Nacional y refleja la imposibilidad de alcanzar los acuerdos mínimos necesarios que permitan contar con la norma más importante para la gestión anual de gobierno”, señaló la entidad.
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