La Asociación de Trabajadores del Estado denunció formalmente ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, a la obra social Unión Personal, que depende del sindicato Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), por cobrar co-seguros “ilegales” a empleados estatales y por “restringir prestaciones” a quienes no estén afiliados a UPCN.
En la misma línea, señalaron que existe “discriminación” en las prestaciones médicas “según la afiliación sindical” y que se aplican “tarifas exorbitantes” en las prestaciones médicas obligatorias “cercenando el derecho a la salud” de los trabajadores.
“La conducta de algunos dirigentes es miserable. Primero les destruyen los salarios a los trabajadores y ahora pretenden cobrar aranceles diferenciados que están prohibidos por ley. No debe haber nada más bajo que meterse con la salud de los trabajadores y sus familias”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
Por otra parte, sostuvo que hay “una extorsión comprobada”, que se debe investigar porque, de lo contrario, las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud “serían cómplices” por permitir este accionar “discriminatorio y manifiestamente ilegal”.
Según Aguiar, la conducción de UPCN está utilizando a la obra social para intentar, “de manera desesperada”, frenar las desafiliaciones masivas que están sufriendo “a partir del silencio cómplice que mantienen desde hace 19 meses”.
Asimismo, indicó que la Unión del Personal Civil de la Nación “avala” una gestión como el del presidente Javier Milei, que permanente y sistemáticamente “agrede” al empleo público e “intenta desmantelar numerosas estructuras del Estado”.
“Sin dudas enfrentamos una maniobra dolosa. Se están cometiendo delitos y de manera inmediata tienen que determinarse las responsabilidades de los administradores de la obra social, los dirigentes gremiales y funcionarios públicos que puedan estar involucrados”, concluyó Aguiar.
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