La comunidad universitaria vuelve a profundizar las medidas de fuerza frente al ajuste y el desfinanciamiento de las universidades nacionales. Tras la masiva movilización de la 4ta Marcha Federal Universitaria, CONADU resolvió darle continuidad al plan de lucha docente en todo el país.
Con la participación de 30 gremios de base de distintas universidades nacionales, el plenario definió realizar una semana completa de paro durante la semana del 25 de mayo, junto a clases públicas, jornadas de protesta y acciones callejeras.
Entre las resoluciones también se acordó impulsar una acción frente al Palacio Pizzurno para reclamar la apertura de paritarias y exigir que el Gobierno nacional reciba a las y los representantes del sector educativo.
Además, se resolvió organizar una acción digital nacional en defensa de la universidad pública, adherir a la Marcha Federal de Salud del 20 de mayo y participar del lanzamiento del Frente Educativo el próximo 22 de mayo en el Cabildo.
También solicitarán una reunión con el CIN para abordar las condiciones de trabajo en el marco de la emergencia presupuestaria y debatir cuestiones vinculadas al Convenio Colectivo de Trabajo.
El conflicto universitario continúa en un contexto de pérdida salarial, emergencia presupuestaria y reclamos por mayor financiamiento para sostener el funcionamiento de las universidades públicas.
SIDIUNLAR advierte que la situación es “caótica” y denuncia un plan sistemático para achicar el sistema de educación pública superior. Aseguran que la Justicia respalda el reclamo.
El conflicto entre el sector docente universitario y el Gobierno Nacional suma un nuevo capítulo de tensión. Tras un plenario de secretarios generales, los gremios docentes resolvieron convocar a un nuevo paro total de actividades por el término de una semana, en continuidad con el plan de lucha que vienen sosteniendo desde hace meses por presupuesto y recomposición salarial.
Diego Morales, referente de SIDIUNLAR, fue contundente al enmarcar la gravedad de la medida y desvincular la responsabilidad de las casas de altos estudios: “No es un problema de la universidad, sino un problema institucional donde el gobierno nacional no cumple con una ley que está en vigencia», señaló, haciendo hincapié en que incluso el Poder Judicial ya se ha expedido exigiéndole al Ejecutivo el cumplimiento de la normativa.
Según los representantes gremiales, la vía judicial representa un faro de expectativa para el sector. Morales se mostró esperanzado en que el conflicto legal se destrabe a favor de los trabajadores, argumentando que «no hay forma que la Corte pueda fallar distinto a lo que establece la Constitución».
Denuncian “destrucción” del sistema público
Más allá del reclamo técnico y legal, desde el sindicato lanzaron duras críticas contra el modelo educativo que intenta imponer la gestión nacional. Afirman que existe un trasfondo ideológico que busca reducir drásticamente el acceso a los estudios superiores.
“Sabemos que es un gobierno que tiene un programa sistemático para destruir a las universidades públicas. Es un gobierno con diez universidades, donde puedan asistir 20 mil personas, y no 4 millones como lo hacen hoy en día”, alertó el dirigente.
Con las instancias de negociación tradicionales agotadas y tras haber ejecutado diversas modalidades de protesta, los secretarios generales ratificaron que la huelga prolongada es el camino para visibilizar una situación que califican de “caótica”.
Pese al impacto de la medida en el calendario académico, desde el gremio aseguran sentir el fuerte respaldo de la comunidad educativa y de los ciudadanos en general, reflejado en las masivas movilizaciones recientes. “Vamos a seguir de pie, luchando porque la ley ya está en vigencia y no vamos a abandonar esta lucha. Esa es la verdadera libertad”, concluyó Morales.
Se espera que durante la semana de paralización de actividades se realicen asambleas permanentes y clases públicas para visibilizar el conflicto en las calles.
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