Pocas horas antes de la fecha prevista para su implementación, el Gobierno nacional decidió postergar la entrada en vigencia del sistema acusatorio en Córdoba, una de las reformas judiciales más importantes de las últimas décadas. La medida quedó plasmada en la Resolución 274/2026 del Ministerio de Justicia, firmada el 11 de junio por el ministro Juan Mahiques, que trasladó la puesta en marcha del nuevo esquema procesal desde el 15 de junio de este año hasta el 8 de marzo de 2027.
La decisión llamó la atención porque hasta hace pocas semanas el propio Gobierno sostenía el cronograma original y presentaba la expansión del sistema acusatorio como una prioridad institucional. La marcha atrás resulta llamativa porque hasta hace pocas semanas el propio Gobierno mantenía el cronograma original y presentaba la expansión del sistema acusatorio como una prioridad estratégica para acelerar investigaciones, agilizar procesos y fortalecer el rol de los fiscales en la persecución del delito.
Qué es el sistema acusatorio
El sistema acusatorio es el modelo procesal penal que ya rige en buena parte del país y que representa un cambio profundo respecto del esquema tradicional. En el viejo sistema, el juez de instrucción investiga y luego juzga, lo que compromete su imparcialidad. Bajo el nuevo esquema, las investigaciones dejan de estar dirigidas por los jueces y pasan a quedar bajo responsabilidad de los fiscales, mientras que los magistrados asumen un rol de control y garantía del proceso. Los juicios se vuelven orales y públicos, con audiencias presenciales que en teoría aceleran los tiempos y hacen más transparente la administración de justicia.
Por qué se postergó
Según surge de la resolución oficial, la principal señal de alarma llegó desde la provincia mediterránea. La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba había solicitado formalmente diferir la implementación hasta 2027, al considerar que todavía no estaban dadas las condiciones necesarias para afrontar el cambio de sistema.
Entre los argumentos mencionó la necesidad de completar obras de infraestructura, ampliar espacios para la futura Oficina Judicial y terminar la adecuación tecnológica requerida para el funcionamiento de las audiencias orales. A eso se sumó la voz de la Procuración General de la Nación: en un informe elaborado durante abril advirtió sobre carencias operativas, edilicias y tecnológicas vinculadas a la futura implementación del nuevo modelo procesal.
Aunque el Ministerio de Justicia destacó las inversiones realizadas durante los últimos meses, la propia resolución admite que todavía existen cuestiones pendientes para garantizar una transición ordenada. Entre ellas aparecen la adecuación de salas de audiencias, la instalación de equipamiento tecnológico, el fortalecimiento de las telecomunicaciones, la capacitación de magistrados y funcionarios y la provisión de recursos humanos especializados.
Implicaciones para La Rioja
La Rioja forma parte del distrito federal de Córdoba y, por eso, la postergación la alcanza de lleno aunque la provincia no haya pedido ni protagonizado el aplazamiento. La resolución del Ministerio de Justicia es clara al respecto: menciona expresamente que la Justicia Federal con asiento en Córdoba y La Rioja comparte una complejidad estructural que justifica diferir la reforma. La demora la generó Córdoba, pero el efecto recae también sobre la provincia riojana.
En la práctica, eso implica que los tribunales federales de La Rioja continuarán funcionando con el sistema inquisitivo mixto hasta, al menos, el 8 de marzo de 2027. Causas de narcotráfico, contrabando, delitos económicos y todo otro asunto de competencia federal seguirán rigiéndose por un esquema procesal que la propia legislación nacional reconoció como obsoleto y que el resto del país viene abandonando de manera progresiva.
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