En el marco de la 5º Sesión Ordinaria del año, y bajo el título de "Ley Iara", diputados jujeños aprobaron la normativa que declara la emergencia en violencia de género.
Afuera del recinto una fuerte vigilia se instaló desde las 15 hs acompañando el debate. La discusión se logró promover tras las masivas marchas que se realizaron en toda la provincia por los últimos cinco femicidios que se dieron en serie entre septiembre y octubre, siendo las víctimas Cesia Reinaga, Iara Rueda, Roxana Mazala, Gabriela Cruz y Alejandra Álvarez.
La marcha más convocante tuvo lugar el pasado 30 de septiembre cuando se reclamó justicia por Iara Rueda y se pidió por la aparición con vida de Gabriela Cruz, quien finalmente fue hallada asesinada al día siguiente.
Esto produjo un quiebre que generó que la sociedad requiriera acciones concretas, tanto a la Legislatura, como al Ejecutivo y a la Justicia. El debate puertas adentro giró, principalmente, en torno a las ambigüedades del proyecto sobre todo en lo que a presupuesto respecta.
Desde la oposición hubo posturas firmes en relación a los aportes de distintos disertantes que acudieron a las exposiciones que hubo en las semanas previas y que no fueron contemplados ni incluidos en la iniciativa que impulsó el gobierno.
Para tomar dimensión real de la etapa previa, hubo alrededor de 70 participaciones de colectivos de mujeres e instituciones que hicieron aportes a la ley, y se recolectaron más de 9.000 firmas para que la normativa lleve el nombre de Iara Rueda. También se solicitó que el presupuesto destinado a la emergencia no se incluya en el fondo unificado de cuentas, debido a las dudas que genera el manejo discrecional del dinero por parte del gobierno.
La Ley Iara plantea, entre otros puntos, la puesta en "funcionamiento de nuevos centros de atención integral a la violencia en la ciudad de Monterrico, Purmamarca, Yuto y Susques"; la creación de refugios y/o dispositivos de asistencia y albergue e incluso la posibilidad de alquilar unidades en hoteles y/o residenciales; asignar a los centros de atención integral, equipos de profesionales especializados, la incorporación de líneas telefónicas gratuitas de emergencia, programas de inclusión laboral y acceso a la vivienda.
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