El municipio de la Capital presentó un amparo ante el Superior Tribunal de Justicia, en defensa de sus poderes, atribuciones y competencias en relación al servicio de transporte urbano de pasajeros, en la ciudad, por parte de la empresa Rioja bus.
En respuesta a esa presentación, el asesor de Gobierno, Miguel Zárate, sostuvo que Rioja Bus está avalada incluso por Nación, y circunscribió la cuestiones a temas netamente políticos.
El asesor de gobierno provincial, Miguel Zárate, defendió la postura del oficialismo con respecto a la competencia de RiojaBus en el servicio de transporte público en la ciudad de La Rioja, tras la embestida judicial del Municipio contra la empresa estatal.
"La empresa está funcionando bajo la ley vigente, con la autorización del ministerio de Transporte de la Nación, quien avaló el funcionamiento de RiojaBus", sentenció el funcionario.
En lo que respecta a la competencia de la municipalidad, Zárate recordó que "durante la gestión municipal de Paredes Urquiza se rescindió el servicio y luego la Legislatura declaró la emergencia en el transporte, donde le fue conferido el manejo al Estado Provincial desde entonces."
Seguidamente, Zarate consideró que "la Provincia asume la responsabilidad de brindar servicio, debido a que en la actualidad, la municipalidad ni otro oferente puede hacerlo. Hoy la gente está conforme con RiojaBus porque esta funcionando", sentenció.
Finalmente, el asesor manifestó que "si la comuna capitalina quiere brindar el servicio de transporte, puede presentarse ante la Secretaria de Transporte y realizarlo con la normativa vigente."
El amparo
La medida judicial que lleva adelante el fiscal Pedro Carreño pide que la empresa Rioja Bus y el Gobierno Provincial "respeten la competencia municipal", en esta materia.
Carreño informó que días atrás fue presentado un recurso de amparo, que se encuentra a la espera de resolución por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, sobre su admisibilidad en el que se pide que la empresa Rioja Bus y el Gobierno Provincial respeten la competencia Municipal en materia del servicio de transporte público urbano de pasajeros y el cumplimiento de las ordenanzas municipales que establecen las autorizaciones y controles debidos por parte del Municipio.
"La emergencia no es razón suficiente para que se violen principios Constitucionales fundamentales tanto de la Constitución Nacional como Provincial, la Ley Orgánica Municipal y Ordenanzas municipales y demás normas que establecen incuestionablemente la competencia municipal en materia de transporte urbano", señaló el funcionario que además indicó que "de ninguna manera la Municipalidad pretende que se suspenda ni que se interrumpa el servicio, si no por el contrario busca mejorar y garantizar la calidad de la prestación del mismo".
Sin embargo el fiscal apuntó que la provincia no puede arrojarse atribuciones que no le corresponden porque incurriría en un abuso de sus poderes y atribuciones en perjuicio de otra de las funciones del Estado que es la Función Municipal, que tiene reconocida y asegurada por la Constitución autonomía institucional, política, administrativa y económico-financiera.
En este sentido, Carreño indicó que hay todo un cuerpo normativo que indica la autorización para funcionar, el control del cumplimiento de los requisitos generales y particulares para poder funcionar y los controles e inspecciones jurídicas y técnicas que debe hacer la Municipalidad, tanto sobre la empresa, su personal y su establecimiento, como de las unidades que van a prestar el servicio que no se han cumplido como corresponde. Y agregó que además la puesta en marcha del servicio involucra otras competencias municipales como el planeamiento urbano, el uso del suelo, que tampoco se han tenido en cuenta.
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