La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, que integran los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli, ya está deliberando la resolución del conflicto que comenzó en la Ciudad de Buenos Aires cuando el presidente Alberto Fernández decidió emitir un Decreto de Necesidad y Urgencia suspendiendo la presencialidad de las clases por 15 días y como parte de un paquete de medidas para enfrentar la segunda ola de coronavirus.
Durante la tarde de este domingo el tribunal decidirá si mañana hay clases presenciales o no en la Capital Federal. La noticia se conocería cerca de la medianoche. En el medio debe resolverse si Machiavelli formará parte de la decisión o no, debido a que es hermana de Eduardo Machiavelli, ministro de Medido Ambiente del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Un grupo de padres pidió la recusación de la jueza debido a la relación parental con el funcionario porteño, por lo que ella debe decidir qué hacer.
Si finalmente Machiavelli no participa de la decisión, se abren dos caminos. Si los otros dos jueces votan en la misma sintonía, el fallo puede ser tomado como válido. En el caso de que tengan posiciones diferentes y haya empate, se deberá buscar un juez subrogante que desempate la votación y defina si los chicos que viven en la Ciudad de Buenos Aires tendrán o no clases presenciales a partir de mañana.
Esta mañana la fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, Karina Cichero, resolvió a favor del pedido de dos organizaciones no gubernamentales para mantener las escuelas abiertas pese al decreto del Gobierno que prohíbe el dictado de clases presenciales en la Capital Federal. Los amparos habían sido presentados por un grupo de docentes nucleados en la ONG Abramos las Escuelas y el espacio Centro de Estudios de Políticas Públicas.
Estas dos organizaciones interpusieron dos amparos donde pidieron la nulidad de los alcances del DNU de Fernández, respecto a la suspensión por 15 días de las clases presenciales, al considerar que era fundamental priorizarlas. Luego, la Sala IV de Apelaciones porteña pidió la opinión de los fiscales y ahora deberá resolver.
La prohibición del dictado de clases presenciales alcanza a 2.359 unidades educativas que agrupan a una población de 600.000 alumnos.
En una primer momento, el reclamo fue a parar al despacho del juez del fuero contencioso administrativo Marcelo Segón, quien consideró que no debía intervenir y pidió que todo sea enviado a su par Romina Tesone, que el viernes por la noche se declaró incompetente para resolver frente al amparo presentado por las Defensorías Oficiales en representación de los padres.
La magistrada explicó que como la Ciudad ya recurrió a la Corte, ahora se debe esperar la resolución del Máximo Tribunal. Posteriormente, los camaristas Alfonsín, Macchiavelli y Perugini pidieron la opinión del Ministerio Público Fiscal dirigido por Juan Mahiques, que resolvió entonces hacer lugar al pedido de los amparos: garantizar las escuelas abiertas este lunes, y así, anular los alcances del DNU en este aspecto.
En el gobierno porteño esperan la resolución para, en el caso de que sea favorable, poder avanzar con la organización de la presencialidad a partir de mañana. En el encuentro que tuvo lugar el sábado en la Quinta de Olivos, el Presidente le manifestó a Horacio Rodríguez Larreta que no modificaría el DNU ni su postura sobre suspender la presencialidad.
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