Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta libran una batalla política en la Corte Suprema que se dirimirá por la certeza de los datos sanitarios y las estadísticas científicas que presenten como prueba de cargo para definir la posibilidad de permitir las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires.
El futuro fallo no sólo pone en juego la trayectoria futura del Presidente y el titular de la Ciudad de Buenos Aires, sino que además dejará expuesta la confiabilidad de la Corte para resolver asuntos jurídicos que importan a todo el país. Un error de apreciación jurídica, una evidencia epidemiológica que no cuadre, puede facilitar la faena mortal del COVID-19.
Alberto Fernández considera que la movilidad de 12 millones de personas hacia las aulas puede multiplicar la curva de contagios del COVID-19, y por eso suspendió las clases presenciales hasta fines de abril. "No es un capricho, ni tengo intenciones de que me odien. Suspender la clases nos ayuda a bajar la curva de contagios y esa fue mi única intención", reflexionó el Presidente en la Casa Rosada.
En este contexto, Alberto Fernández sostiene que su último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) responde a una estrategia de política sanitaria que está al margen de la agenda educativa que manejan las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. "Tengo las facultades constitucionales y las ejercí. No hice nada contrario a derecho", opinó el jefe de Estado cuando se le preguntó sobre la presentación en la Corte Suprema que cuestiona su DNU.
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