Los jueces de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda y Horacio
Rosatti presentaron hoy ante la Secretaría de Juicios Originarios del
Tribunal un voto común sobre el reclamo de la Ciudad de Buenos Aires por
las clases presenciales en el distrito metropolitano e iniciaron así el
camino final hacia un fallo que podría conocerse en el Acuerdo semanas
previsto para mañana, martes.
Si bien el contenido del voto permanece en reserva, fuentes
del tribunal adelantaron que está "muy fundamentado" y con profusa cita
de fallos de la propia Corte sobre el estatus jurídico de la Capital
Federal y las facultades que se desprenden tanto de la Constitución
Nacional cuanto de la del propio estado local.
La especulación apunta a que la Ciudad de Buenos Aires
obtendrá una reivindicación de la autonomía -que, por otra parte, ya fue
reconocida por la propia Corte desde 2019- y en ese escenario se
arrogaría la facultad de decidir la modalidad de las clases en su
distrito.
Del resto de los jueces que componen el tribunal, la
vicepresidenta, Elena Highton de Nolasco, ya se había inclinado por
rechazar la "competencia originaria" porque entiende que la Ciudad no
tiene la misma situación que las provincias y, en consecuencia, no
corresponde que la Corte sea la única instancia para entender en este u
otros reclamos contra la Nación.
El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, suele votar en
sintonía con los planteos que realizan los gobernantes y los dirigentes
opositores, en tanto que Ricardo Lorenzetti fluctúa en sus decisiones
según el caso del que se tratare.
La mecánica de la decisión no requiere más tramitación que la
presentación de los votos de cada juez, es decir que la instancia de
discusión y debate ya está agotada y sólo resta computar el sentido de
cada voto. En ese sentido, las especulaciones indican que habrá un "voto
concurrente", es decir que los jueces se pronunciarán en un sentido
similar pero cada uno fundamentando su decisión con sus propios
argumentos.
Usualmente la Corte no suele fallar dándole la totalidad de la razón a una de las partes y nada a la otra.
En este caso, los argumentos enfrentados entre Nación y Ciudad giran
sobre dos tópicos esenciales: la autonomía porteña y la gestión de la
pandemia.
El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, ya se
pronunció por la "inconstitucionalidad" del decreto de necesidad y
urgencia (DNU) que venció el pasado viernes y que suspendió las clases
presenciales en el Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires.
Ese dictamen reivindicó la autonomía porteña pero además consideró
que no está probado, con rigor científico, que las clases presenciales
sean un vector que potencie los contagios masivos de coronavirus.
La decisión de la Corte se conocerá durante la vigencia de un nuevo
DNU y si bien se trata de situaciones ligeramente distintas, la
discusión de fondo sigue siendo si por esa vía legal el Estado Nacional
puede disponer sobre la modalidad del ciclo lectivo en la Ciudad de
Buenos Aires.
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