El objetivo de la ley es establecer los lineamientos para el desarrollo territorial y un hábitat adecuado, afirmando el ordenamiento territorial como política pública que debe orientar la gestión del gobierno provincial y de los gobiernos municipales, de forma transversal a las políticas públicas sectoriales. La ley establece los objetivos, principios, instrumentos y mecanismos de la política territorial y determina el marco general para la regulación del uso y gestión del suelo.
El anuncio fue formulado por el ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, quien destacó que el ordenamiento territorial constituye el conjunto de acciones del Estado que tienden a implementar una ocupación ordenada del territorio y un uso sustentable de la tierra como recurso, organizando y proyectando la localización de la población y el desarrollo de las actividades económicas y sociales que allí se lleven a cabo.
Puy Soria consideró que la intervención estatal en la regulación de los usos y distribución del suelo resulta de extrema necesidad a los fines de propiciar un crecimiento armónico, que pueda conciliar los procesos de desarrollo económico, social y ambiental con formas equilibradas y eficientes de ocupación territorial.
Un dato a tener en cuenta es que en la ley se determina que el ordenamiento territorial es una función pública indelegable que organiza el uso del territorio de acuerdo con el interés general, determinando las facultades y deberes del uso del suelo conforme a su destino y estableciendo limitaciones al dominio de acuerdo con el interés general.
Cada jurisdicción, en base a las competencias de la Provincia y a las autonomías municipales, articulará espacialmente las políticas económicas, sociales, culturales y ambientales, a través de los instrumentos y mecanismos correspondientes.
De igual modo, el funcionario resaltó que el suelo es, además de un recurso económico y social, un recurso natural no renovable y escaso, por lo que las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación y transformación del mismo, tienen como fin su utilización conforme al principio de prevalencia del interés general sobre el particular.
El ordenamiento territorial provincial debe promover un hábitat adecuado y un uso del suelo socialmente justo, ambientalmente sostenible y económicamente equitativo, entendiéndolo como un recurso central para el desarrollo del territorio.
Contribuir al equilibrio territorial de las diferentes regiones y municipios, armonizando el proceso de urbanización con el territorio y sus recursos, como parte de la identidad cultural, ambiental y paisajística, reconociendo las potencialidades, restricciones, desequilibrios y riesgos como elementos estratégicos que deben ser organizados para lograr el desarrollo actual y futuro.
Garantizar a todos los habitantes un hábitat adecuado, con seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda, en condiciones de habitabilidad, asequibilidad, espacio suficiente para el desarrollo de las capacidades humanas y considerando su localización en entornos que aseguren el acceso a las infraestructuras básicas, equipamientos sociales de educación, salud, esparcimiento, seguridad, entre otros, así como a un ambiente sano, adecuación cultural y acceso a opciones de empleo.
Detener y reorientar los procesos de crecimiento urbano descontrolados para reducir desequilibrios demográficos y espaciales producto de las acciones especulativas.
Implementar planes, programas e instrumentos en el corto, mediano y largo plazo tendientes a la gestión del desarrollo territorial a nivel provincial y municipal.
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