Rafecas, quien actualmente subroga el Juzgado Federal Nº 8, corrió vista a Taiano para que exponga su postura respecto de la presentación realizada por la PIA, que cuestionó el cierre de la causa por la presunta estafa vinculada con la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei.
Aunque el dictamen del fiscal no será vinculante, el juez consideró necesario conocer su posición por tratarse de una de las partes del expediente.
De esta manera, el procedimiento deja preparado el escenario para que Martínez de Giorgi, titular del juzgado y actualmente de licencia, resuelva la próxima semana si acepta el planteo de la Procuraduría o mantiene el sobreseimiento que había solicitado Taiano.
La causa presenta dos posturas contrapuestas dentro del Ministerio Público Fiscal. Por un lado, la del fiscal Eduardo Taiano, quien había solicitado el sobreseimiento del presidente Javier Milei, de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de los otros nueve imputados.
El pasado 23 de octubre, Taiano sostuvo que no existía «sustento fáctico alguno» para continuar con la investigación por la presunta estafa. Un día después, Martínez de Giorgi hizo lugar al planteo y dispuso el cierre de la causa.
La actuación del fiscal había sido cuestionada previamente por un grupo de inversores afectados, que durante su participación como querellantes solicitaron su apartamiento por presunta inacción, falta de objetividad y supuestas obstrucciones a la producción de pruebas consideradas relevantes.
En contraposición, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, intervino para asumir el ejercicio de la acción penal y cuestionó la decisión de cerrar el expediente.
En su presentación, el organismo consideró que el cierre de la investigación fue prematuro y sostuvo que no se habían agotado las medidas probatorias necesarias para esclarecer los hechos.
«No existió un agotamiento de la investigación, sino todo lo contrario», remarcó la PIA en el escrito presentado ante la Justicia.
Además, advirtió que las pruebas que todavía se encuentran en curso podrían revelar indicios de una «concertación defraudatoria», por lo que consideró necesario profundizar la pesquisa antes de disponer el cierre definitivo.
Frente a este escenario, la Procuraduría solicitó formalmente la reapertura de la causa y, además, interpuso un recurso de apelación en subsidio ante un eventual rechazo del planteo, con el objetivo de que la Cámara Federal pueda revisar la decisión.
La resolución que adopte Martínez de Giorgi será determinante para establecer si la investigación por la criptomoneda $LIBRA vuelve a avanzar o si se mantiene el sobreseimiento de los imputados.