En la última sesión de la Legislatura provincial tomó estado parlamentario el proyecto que contempla la creación de un Juzgado Electoral autónomo. La iniciativa busca regularizar una previsión que ya estaba contemplada en la Constitución provincial pero que, hasta el momento, nunca había sido puesta en funciones de manera independiente.

El asesor general de Gobierno, Pedro Goyochea explicó los alcances de la propuesta y el proceso que deberá seguir para su implementación.

La justicia electoral riojana venía siendo regulada por el Decreto Ley N° 4.234 del año 1983, sancionado en las vísperas del retorno de la democracia. Si bien la reforma constitucional de 1986 le otorgó carácter permanente al Tribunal Electoral provincial, el juzgado de primera instancia nunca había alcanzado su fijeza orgánica independiente. Desde entonces, la función había recaído en el Juzgado de Paz Letrada de la Primera Circunscripción Judicial, que operaba como apéndice del sistema electoral sin pertenecer formalmente a él.

“La justicia electoral a nivel provincial está integrada por el Tribunal Electoral de la Provincia y por un Juzgado Electoral. Esto está contemplado en la Constitución provincial, pero no se había integrado hasta el momento el Juzgado Electoral, y quien hoy está cumpliendo funciones como apéndice es el Juzgado de Paz Letrada de la Primera Circunscripción Judicial”, explicó Goyochea.

Qué propone el proyecto

La iniciativa elevada por el Ejecutivo provincial a la Cámara legislativa apunta a consolidar de manera integral los dos órganos constitucionales de la justicia electoral, dándole al Juzgado Electoral una identidad propia y una órbita de funcionamiento complementaria al Tribunal Electoral.

“El proyecto busca dejar integrado lo que será la justicia electoral con sus dos órganos constitucionales que tendrán competencia en todos los procesos electorales de manera permanente. Esto es, el Tribunal Electoral de la provincia y el Juzgado Electoral, sistematizados de manera integral ambos órganos en un mismo ámbito de funcionamiento, cada uno con sus competencias respectivas”, detalló el funcionario.

Goyochea fue enfático en aclarar que no se trata de una creación paralela a lo que ya existe “No es una creación aparte de lo que ya funciona, sino una estructuración integral. A través de esta regulación, el Juzgado Electoral adquiere una pertenencia integral y directa a la justicia electoral de la provincia, dejando de ser un apéndice”.

En cuanto al Tribunal Electoral, el asesor confirmó que mantendrá su conformación habitual: un representante del Tribunal Superior de Justicia, un juez de Cámara y un miembro del Ministerio Público de la Defensa.

Concurso público y mandato de diez años

Uno de los aspectos centrales del proyecto es el mecanismo de designación del titular del nuevo juzgado. Conforme a los mecanismos establecidos en la reforma de la Constitución Provincial de 2024, el juez electoral será seleccionado mediante un concurso público regulado por el Consejo de la Magistratura, equiparando el procedimiento y las condiciones de permanencia a las de cualquier magistrado de la Función Judicial.

El cargo tendrá una duración de diez años, con posibilidad de revalidar la continuidad rindiendo un nuevo examen al cumplirse ese período.

Entre las competencias centrales asignadas al nuevo órgano se encuentran el control sobre el reconocimiento legal de los partidos políticos en la provincia, y la fiscalización de la vida interna partidaria: conformación de asambleas, designación de comisiones directivas y actualización de padrones de afiliaciones.

Los pasos que siguen

Goyochea precisó el recorrido institucional que resta para que el juzgado entre en funciones: “La Cámara analizará este proyecto en comisiones y luego lo tratará, y una vez aprobado tiene que ser promulgado por el Ejecutivo. A partir de allí, el Consejo de la Magistratura estaría en condiciones de hacer la convocatoria para el concurso”.
El funcionario subrayó que la creación del juzgado “va a exigir la convocatoria a concurso y la presentación de sus postulantes en el ámbito del Consejo de la Magistratura”, completando así una reforma que la Constitución provincial tenía pendiente desde hace casi cuatro décadas.