El diputado provincial Ismael Bordagaray, del bloque Fuerza Patria, presentará el próximo 19 de noviembre en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para implementar un nuevo sistema de inscripción y adjudicación de viviendas sociales mediante tecnología blockchain. La propuesta busca establecer criterios públicos de selección, evitar decisiones discrecionales y garantizar la trazabilidad de cada etapa del procedimiento.

La iniciativa contempla la creación del Registro Único de Postulantes con Soporte Blockchain (RUP-Blockchain), una herramienta que permitirá registrar de manera permanente y verificable las inscripciones, modificaciones de puntaje, posiciones en las listas de espera y adjudicaciones. El objetivo es que los criterios de prioridad se apliquen de forma objetiva y automática.

Uno de los ejes centrales es el acceso a la información. Para ello, se propone crear un portal público y gratuito donde cualquier ciudadano pueda consultar el padrón, conocer la situación de los expedientes y verificar el historial de movimientos. Además, cada postulante recibirá notificaciones ante cambios en su puntaje o ubicación en la lista de espera y podrá presentar impugnaciones dentro de los 30 días hábiles.

En cuanto a la protección de datos personales, el sistema publicará únicamente información vinculada al procedimiento, como número de expediente, puntaje, posición y fecha. Los nombres, DNI y datos de salud permanecerán bajo resguardo de los sistemas estatales.

El proyecto también establece que las adjudicaciones que no cuenten con un registro previo en blockchain serán consideradas nulas y contempla sanciones ante la alteración u omisión de información.

Para supervisar su funcionamiento, propone una Comisión de Seguimiento y Auditoría integrada por representantes del Ministerio de Vivienda, la Defensoría del Pueblo, legisladores de ambas representaciones parlamentarias, el Colegio de Abogados y organizaciones civiles.

La implementación tendrá un plazo máximo de 18 meses, con una etapa piloto inicial. También se prevé que el código fuente sea abierto y que los municipios puedan adherir con asistencia técnica gratuita. La iniciativa comenzará su recorrido legislativo en la sesión del 19 de noviembre.