El flamante ministro de Seguridad de La Rioja, Martín Yoma, adelantó algunos de los ejes que tendrá su gestión y aseguró que buscará trabajar de manera coordinada con las fuerzas policiales y el Servicio Penitenciario. En sus primeras declaraciones, también se refirió a la problemática de las drogas en jóvenes, la estructura del Ministerio y la nueva ley penal juvenil, sobre la que manifestó una postura crítica.
Yoma explicó que su metodología de trabajo estará basada en el diálogo y el trabajo en equipo. En ese sentido, recordó sus 24 años de trayectoria en la función judicial y señaló que considera fundamental escuchar a quienes ya conocen el funcionamiento de las instituciones.
Como primera actividad, anunció una reunión con la plana mayor de la Policía y autoridades del Servicio Penitenciario en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. El objetivo, indicó, será tomar contacto con los responsables de ambas fuerzas y comenzar a definir los próximos pasos.
“Uno no lo dice en forma declamativa cuando dice que viene a trabajar. Va a ser hablando, escuchando mucho y con humildad a aquellas personas que conocen y vienen trabajando desde hace tiempo”, expresó.
Respecto de las prioridades en materia de seguridad, sostuvo que primero deberá analizar en detalle la información disponible y establecer planes de acción junto a los equipos especializados. Además, planteó que las políticas que se implementen durante su gestión deberían tener continuidad si demuestran resultados positivos para la sociedad.

La preocupación por el avance de las drogas

Consultado sobre el consumo y la problemática de las drogas entre los jóvenes, Yoma reconoció que es una preocupación del gobernador Ricardo Quintela y consideró que La Rioja todavía está a tiempo de profundizar las acciones para evitar que la situación se agrave.
“Es un flagelo que no solamente ocupa a La Rioja, sino a todos. Tiene que tomarse con la seriedad y la responsabilidad que corresponde para evitar que a futuro sea un caso perdido”, sostuvo.
En esa línea, señaló que el abordaje debe contemplar la prevención, la coordinación entre distintas áreas y el fortalecimiento de las políticas que ya se vienen desarrollando.

La posible designación de un secretario de Seguridad

Otro de los temas abordados fue la situación de la Secretaría de Seguridad, que permanece sin una conducción designada. Sobre este punto, Yoma indicó que conversará con el gobernador para evaluar posibles alternativas.
Explicó que el gobernador Quintela le encomendó mantener un contacto más directo con la Policía y el Servicio Penitenciario, con el objetivo de contar con información precisa y participar de manera cercana en la toma de decisiones.
También aclaró que la nueva ley de seguridad, que deberá ser reglamentada, no contempla una Secretaría de Seguridad con las mismas funciones que establecía la normativa anterior.
“Mi aspiración es estar más presente. Me gusta conocer, saber y tener la información, porque es la forma más genuina de arribar a una toma de decisión”, manifestó. No obstante, dejó abierta la posibilidad de que más adelante se evalúe la incorporación de una persona para colaborar en esa tarea.

Su postura sobre la ley penal juvenil

Por último, Yoma expresó su rechazo a la nueva ley penal juvenil, aunque aclaró que su postura personal no implica desconocer su aplicación.
“Estoy total y absolutamente en contra”, afirmó, y consideró que se trata de una normativa pensada para las grandes ciudades que podría convertirse en una herramienta de persecución contra sectores vulnerables y excluidos.
El ministro sostuvo que es necesario diferenciar la responsabilidad por la comisión de un delito del modo en que debe abordarse la situación de los adolescentes que infringen la ley. En ese sentido, planteó que debe existir acompañamiento y una mirada integral sobre las condiciones sociales y culturales de los jóvenes.
De todos modos, remarcó que la normativa deberá cumplirse: “Esto no significa que no se cumplan las leyes, nos gusten o no nos gusten, se cumplen”.
Finalmente, señaló que buscará trabajar para evitar que la nueva legislación se convierta en un instrumento de persecución hacia determinados sectores socioeconómicos y socioculturales.