La Justicia federal procesó a Graciela Beatriz Vallejo, madre de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y cercano al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, por su presunta participación en una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero y la evasión tributaria. El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, también dispuso un embargo sobre sus bienes por 40.000 millones de pesos.
La mujer, de 66 años, recibió los mismos procesamientos y el mismo monto de embargo que su hijo, aunque permanece en libertad, mientras que Ariel Vallejo cumple prisión domiciliaria. El magistrado le atribuyó un "lugar central" dentro de la estructura y consideró que su intervención excedió la ocupación de cargos formales en las empresas vinculadas al financista.
"La madre de quien deberá responder como jefe de la organización ocupa en ella un lugar central. Fue socia gerente del Centro de Inversiones Concordia S.R.L. y quien operaba sus cuentas y sus compras de divisas", sostuvo Rodríguez Ponte en la resolución. La causa investiga una presunta organización que habría utilizado distintas sociedades y operaciones financieras para blanquear fondos.
La investigación ubica el comienzo de las maniobras en la casa de cambio Concordia, adquirida por los Vallejo en agosto de 2020. Según el procesamiento, Graciela ordenó transferencias y retiros de efectivo desde esa firma. El juez señaló que recibió en una cuenta 488,1 millones pesos provenientes de Concordia y los transfirió casi inmediatamente a Gestiones San Miguel S.A. y a plazos fijos. También figura como autora de un aporte irrevocable de 336,5 millones de pesos que, según el magistrado, no correspondía a fondos propios.
Otro de los ejes señalados por la Justicia es Neblockchain S.A., la billetera virtual vinculada a Ariel Vallejo. Graciela fue presidenta, oficial de cumplimiento y accionista mayoritaria de la firma, en cuya cuenta se acreditaron 1,73 billones de pesos entre enero de 2024 y octubre de 2025. De acuerdo con el registro societario citado por el juez, tenía 77.072 de las 110.103 acciones desde el 31 de agosto de 2023.
Rodríguez Ponte destacó que la mujer tenía a su cargo los controles que, según la investigación, fueron omitidos. Su función como oficial de cumplimiento implicaba responsabilidades sobre la supervisión de las operaciones de la billetera virtual, por lo que el magistrado consideró que su participación no se limitó a ocupar un cargo nominal dentro de la sociedad.
El procesamiento también menciona su intervención en la compra de una Ferrari California de su hijo, que justificó mediante una carta de oferta por 260 millones de pesos. Además, un informe final de fiscalización de ARCA del 15 de octubre de 2026 detectó diferencias entre las acreditaciones bancarias y los ingresos declarados por Graciela: 1.039,7 millones de pesos en 2022 y 1.232,6 millones de pesos en 2023. El juez también señaló que no justificó un pasivo de 605 millones de pesos con el Centro de Inversiones Concordia incluido en su declaración jurada de 2022.
Cuando fue indagada, Vallejo sostuvo que su único ingreso era una jubilación de un millón de pesos y que vivía en una casa heredada de sus padres. También afirmó que sus cargos en las empresas de su hijo eran formales. Sin embargo, el magistrado consideró que las pruebas reunidas mostraban una intervención sostenida en las distintas etapas de la estructura, desde la casa de cambio hasta la billetera virtual.
En su resolución, el juez concluyó que la mujer participó en todos los tramos de la maniobra y remarcó que su desempeño como presidenta y responsable de cumplimiento de Neblockchain implicaba conocer los controles que no se realizaron. Por esos motivos, la procesó por asociación ilícita, lavado de activos agravado y delitos de evasión tributaria.
Graciela y Ariel Vallejo forman parte de las 19 personas y nueve empresas procesadas por Rodríguez Ponte. Según la hipótesis judicial, la organización habría blanqueado dinero proveniente de la evasión impositiva, de operaciones simuladas de compra y venta de dólares y de movimientos de fondos a través de una billetera virtual en los que habrían intervenido personas inexistentes.