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Martes 07 de Diciembre de 2021

Por Hugo de Torre

Preocupación en el Gobierno: Demagógica catarata de pases a planta en el Municipio pero a costillas de la Provincia

Escribe Hugo de Torre

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La reciente decisión de la intendenta de la capital, Inés Brizuela y Doria, de pasar a planta a un número todavía no claramente determinado pero que supera los mil agentes, es motivo de preocupación en el seno del gobierno provincial ya que, habida cuenta de los ahogos financieros por los que discurre la administración municipal, deberá hacerse cargo del pago, la administración del gobernador Ricardo Quintela.

La medida, que contó con la entrega de decretos a los beneficiarios y actos de tipo proselitistas en medio de una campaña electoral, se realizó en forma unilateral e inconsulta por decisión de la administración municipal sin notificar al gobierno, tal como lo exige la Ley 9782 que establece expresamente que, desde el 31 de diciembre de 2014, los municipios no incorporarán ni modificarán los salarios de sus agentes sin acordarlo previamente con la Provincia, que es la encargada de la política salarial en todo el territorio provincial.

En efecto, la ley 9782, conocida como del "Régimen de coparticipación de impuestos entre la Provincia de La Rioja y sus Municipalidades", sancionada en Noviembre de 2015, establece con meridiana claridad en su artículo diez lo que sigue: 

ARTÍCULO 10°.- La Función Ejecutiva fijará la política en materia salarial para todo el territorio provincial y garantizará a los Municipios los recursos financieros para la atención del pago de haberes, incluidos los aumentos salariales ya otorgados a la fecha y los que se establezcan en el futuro, conforme con las plantas de personal permanente y transitoria declaradas a los efectos previsionales ante la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) al 31 de diciembre de 2014. A partir de dicha fecha los valores referenciales de agentes establecidos, podrán incrementarse atendiendo a estrictas razones de servicios debidamente justificadas y previa autorización de la Función Ejecutiva.

Los Municipios se obligan a aplicar la política salarial que se adopte a nivel provincial y a observar las pautas, prohibiciones y excepciones que se establezcan al respecto.-

De la lectura de la norma queda claro que la Provincia garantizará los recursos financieros para el pago de los salarios, pero a condición de que haya una autorización previa para incrementos o incorporación de agentes a planta. La condición establecida no viola la autonomía municipal, sino que resulta de una elemental necesidad de planificación de establecer de dónde saldrán los recursos que la Provincia debe garantizar. 

La preocupación principal, estriba en el hecho de que se ha violado el artículo 10 de  la ley aludida y que, no solamente se ha generado una expectativa en los empleados beneficiarios, que no se sabe a ciencia cierta cómo se va a implementar el pago de sus salarios, sino que además, se comprometen los fondos que son propios del gobierno provincial, que están asignados en un presupuesto en ejercicio oportunamente aprobado por la Función Legislativa.

Desde el gobierno calificaron la decisión como demagógica e irresponsable, y se especula con dos posibilidades en cuanto a sus motivaciones: O la intendenta está desesperada por revertir el 14 de noviembre próximo el resultado adverso de las PASO, y pretende sumar adhesiones, generando un conflicto cuyas consecuencias quedarán a la vista tras los comicios; o bien, frente a una inevitable derrota se intenta obstaculizar la gestión de Ricardo Quintela generando el costo político que le reportaría volver atrás con los nombramientos por no existir recursos para hacerlos efectivos.

Como sea, la decisión de la intendenta está fuera de toda lógica política e institucional, además de especular con las expectativas de los empleados municipales que creen haber adquirido un derecho que, por impericia o negligencia de las autoridades municipales, no está consolidado. 

Sin mencionar la falta de ética que supone manipular sus ilusiones para obtener alguna ventaja política.

No obstante, estas actitudes de dirigentes de JxC, (o como se llame en cada estamento o provincia), no sorprenden. Mientras invocan fervorosamente la República y las Instituciones, suelen traspasar todos los límites durante las campañas electorales sin evaluar las consecuencias: 

En el año 2017, el ex presidente Mauricio Macri obtuvo su mejor elección, precisamente en las legislativas de ese año, pero a un costo tremendo para el país y para las familias vulnerables, otorgando créditos de manera indiscriminada a través de la ANSES, sin analizar la calificación, imprescindible para su viabilidad de cada familia, dejando a millares de ciudadanos en un estado de endeudamiento terminal, ya que venían luchando con los aumentos de las tarifas que se dispararon por encima del mil por ciento. En términos macro económicos, cabe señalar que el endeudamiento familiar se transforma en un obstáculo para la reactivación, ya que las familias endeudadas no salen a demandar bienes y servicios hasta no estabilizar su economía. 

También acude a nuestra memoria la catastrófica devaluación, a la que fuimos sometidos todos los argentinos, por una extraña venganza del ex presidente, en respuesta a la derrota sufrida en las PASO de Agosto de 2019, y tras la cual se abandonó toda gestión hasta el final del mandato. 

Pareciera que aquí también, la misma fuerza política opera con una lógica similar: ganar a cualquier precio o dejar tierra arrasada.

Aunque el gobernador Quintela, fue prudente al referirse al tema, dejando claro, eso sí,  que "cada uno debe hacerse responsable de las decisiones que toma", probablemente con la esperanza de que el municipio se procure los recursos para hacer frente a esta andanada de nombramientos que todavía no terminan; es un tema que, seguramente estarán evaluando los funcionarios encargados de preservar los recursos provinciales; en tanto que los concejales del Bloque Justicialista local, preparan un pedido de informes para conocer el alcance de esta insólita iniciativa de la intendenta que parece no medir las consecuencias de sus propios actos.


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