Nahuel Zalazar, responsable de Jóvenes de Pie y Somos Barrios de Pie en la Capital, expresó una profunda preocupación por lo que definió como “un intento de despojo de derechos” hacia quienes perciben el salario social complementario, ahora enmarcado dentro del programa nacional Volver al Trabajo.
Zalazar aclaró que el monto que reciben los beneficiarios no es un salario mínimo sino 78.000 pesos, congelados desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. Según explicó, esos ingresos resultan fundamentales para miles de trabajadores de la economía popular que, ante la falta de oportunidades formales, se organizan en cooperativas textiles, de planificación o pequeñas unidades productivas para generar ingresos adicionales.
El dirigente señaló que el Gobierno nacional busca reemplazar el programa por un sistema de vouchers de capacitación, que en su visión constituye “una pérdida de derechos” y un mecanismo que, en los hechos, quita recursos a los trabajadores para transferirlos a empresas privadas encargadas de dictar cursos. “Es sacarle los 78 mil pesos al compañero y dárselos a un empresario. Es un curro”, afirmó.
Zalazar también cuestionó la falta de oficinas del Ministerio de Capital Humano en la provincia, situación que deja a los beneficiarios sin lugar físico donde presentar reclamos ante bajas, demoras o irregularidades. Explicó que Nación deriva a los trabajadores a direcciones que “son oficinas vacías o directamente inexistentes”, lo que vuelve aún más crítica la situación para quienes viven en el interior provincial y no cuentan con recursos para trasladarse.
Además, denunció la ausencia de datos oficiales que permitan conocer cuántos riojanos están alcanzados por el Volver al Trabajo. “Desapareció la información. No te dan una base de datos. Es como si los compañeros quedaran en el aire”, afirmó.
Sobre el sistema de capacitaciones, aseguró que resulta impracticable: mientras millones de personas cobran el programa, los cupos anunciados abarcan apenas “60 o 70 personas”, y en su mayoría se dictan en Buenos Aires o Córdoba, dejando a La Rioja con propuestas mínimas o nulas.
Zalazar sostuvo que la economía popular “está capacitada, trabaja todos los días y busca mejorar”, y reiteró que las medidas del Gobierno nacional avanzan sobre los sectores más castigados: “Los compañeros organizaron su vida con lo poco que tenían. Hoy están pendiendo de un hilo”.
Finalmente, pidió que la sociedad tome dimensión del impacto real de estas decisiones: “Muchos la están pasando por ahí. Estamos hablando de personas que no tienen siquiera para comer una semana. Esto no es un número: son vidas”.
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