El Polo Obrero (PO), junto a organizaciones sociales y piqueteras, se concentran frente al edificio del ex Ministerio de Desarrollo Social para reclamarle a la titular de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello, que “devuelva los alimentos a los comedores populares ”, luego de reconocer ante la justicia que “nunca hizo ninguna auditoria” para la repartición de los mismos.
La jornada de lucha comenzó a las 10hs. en Plaza Constitución cuando todas las agrupaciones se reunieron para iniciar la marcha hacia Capital Humano; uno de los líderes del PO, Eduardo Belliboni, afirmó que, desde su espacio, hicieron “sistemáticas denuncias” después del “recorte total de los alimentos” en comedores y merenderos.
Bajo la consigna “Devuelvan los alimentos a los comedores populares”, los movimientos piqueteros buscan ser recibidos en la cartera que dirige Sandra Petovello.
En un comunicado, Unidad Piquetera destacó que “desde que comenzó este Gobierno” se señaló a “los dirigentes de las organizaciones” como intermediarios que habían “robado la comida”. Y completó: “Sobre esta base desde el Ministerio cortaron la asistencia alimentaria a más de 45.000 comedores de todo el país”.
“Luego de más un año de intimaciones judiciales reconoció que no hubo Auditorias. La ministra Sandra Petovello acaba de reconocer ante la justicia que le mintió al pueblo y a la justicia sobre las auditorias que no realizo a ningún comedor!”, indicó un comunicado.
“Desde que comenzó este nefasto gobierno desde el ministerio y varios medios amigos lanzaron una campaña para instalar que mediante auditorias se había constatado que la mayoría de los “comedores populares no existían” y que los dirigentes de las organizaciones nos habíamos robado la comida, sobre esta base desde el ministerio cortaron la asistencia alimentaria a más de 45.000 comedores de todo el país “ahorrándose” 7 millones y medio de kilos por mes de alimentos, estimándose en $ 3000 el kilo promedio que suma 22.500 millones que multiplicado por 18 meses que hace que no se entregan alimentos, da la friolera de 405.000 millones”, indicaron.
“Al contrario, han dejado a merced del narco y la desesperación a millones de familias que no tienen como resolver el problema del hambre y que pelean contra la desocupación y la precarización laboral. Exigimos que en forma inmediata se devuelvan los alimentos a los comedores registrados y que el estado garantice la alimentación de las familias que lo necesiten y se castigue a los responsables de haberle sacado la comida a millones de personas”, finalizaron.
El reclamo central de los manifestantes es la provisión de alimentos para los comedores comunitarios que, aseguran, fueron dados de baja por el Ministerio sin argumentos comprobables de irregularidad. Las agrupaciones —entre ellas el Polo Obrero— cuestionan que la remoción de asistencia no se haya basado en auditorías ni informes públicos fehacientes.
Según un pedido de acceso a la información presentado por la diputada Natalia Zaracho, apoyada por sectores cercanos a Juan Grabois, en la respuesta oficial del ministerio se reconoce que no se efectuaron “auditorías” en el sentido técnico-legal que se reclama, sino solo supervisiones técnicas o relevamientos territoriales de comedores y merenderos comunitarios.
Desde el Ministerio de Capital Humano, en cambio, sostienen que estas diferencias son un “tecnicismo”. Aclaran que los comedores que estaban debidamente matriculados siguen recibiendo ayuda, pero que ahora se implementó un sistema de transferencia directa de fondos en lugar de la compra centralizada de alimentos. También señalan que la Sindicatura General de la Nación inició una auditoría vinculada al Registro Nacional de Comedores y Merenderos (Renacom), la cual habría detectado irregularidades.
La última gran movilización de este tipo había partido desde el Congreso y se había dirigido también hacia la zona de 9 de Julio y Belgrano, hace aproximadamente dos meses. Este nuevo llamado pone nuevamente en tensión la relación entre el Estado y los movimientos sociales por el acceso a la alimentación básica, justo en un contexto de fuerte presión social y reclamo ciudadano.
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