La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su preocupación por la Resolución General N° 26/2026, dictada por el Fiscal General de San Juan, Guillermo Baigorrí, mediante la cual se aprobó un protocolo para el manejo de la información pública dentro del Ministerio Público provincial.
A través de un comunicado, la entidad señaló que, si bien existen límites legítimos al acceso a determinada información —como el secreto de sumario, la protección de datos personales, la intimidad de las víctimas o la preservación de medidas investigativas—, estos deben aplicarse de manera específica, fundada y proporcional.
Sin embargo, ADEPA advirtió que el nuevo protocolo dispone que funcionarios y agentes del Ministerio Público se abstengan de brindar información sin autorización previa, desalienta los intercambios directos con periodistas sobre causas en trámite y concentra las consultas de la prensa en una única autoridad institucional.
Para la organización, estas disposiciones generan un “claro efecto inhibitorio” sobre las fuentes de información, los periodistas y los medios de comunicación, afectando el debate público y reduciendo la transparencia sobre el funcionamiento del sistema penal.
En ese sentido, recordó que la publicidad de los actos estatales y el acceso a la información pública constituyen pilares fundamentales de la libertad de prensa y del sistema democrático. Asimismo, sostuvo que las restricciones a la información deben ser excepcionales y estar debidamente justificadas.
ADEPA también cuestionó que se invoquen conceptos generales como la prudencia institucional o la reserva de las investigaciones para establecer mecanismos que puedan derivar en una concentración de la información oficial, situación que, según indicó, podría entrar en tensión con los principios establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos.
Como antecedente, la entidad citó un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Társaság a Szabadságjogokért vs. Hungría, donde se consideró que el monopolio de la información por parte de una autoridad judicial podía constituir una forma de censura cuando impedía obtener y difundir información de interés público.
Finalmente, ADEPA calificó al protocolo como un antecedente preocupante para la libertad de prensa y el control ciudadano sobre la administración de justicia. Por ello, solicitó a las autoridades del Ministerio Público de San Juan que revisen la medida y garanticen que toda regulación comunicacional respete el principio de máxima publicidad, el derecho de acceso a la información y el rol esencial que cumple el periodismo en una sociedad democrática.
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