"Si un niño acosa, el adulto que no actuó también debe responder", sostiene la licenciada Daniela García, jefa de Gabinete del Ministerio de Educación de la provincia de Mendoza, al defender el proyecto de ley que modifica el Código de Contravenciones provincial para sancionar a padres, madres o tutores que no se involucren activamente ante situaciones de acoso escolar.
La iniciativa, recientemente presentada y que ya tomó estado parlamentario, propone sanciones que podrían incluir multas, trabajos comunitarios o incluso arresto. Sin embargo, García remarcó que esta penalización es la última instancia de una política pública mucho más amplia y preventiva.
“El objetivo es lograr la corresponsabilidad parental. El sistema educativo solo no puede contener todo lo que implica el desarrollo emocional y psicológico de niños y adolescentes. Necesitamos que las familias se involucren”, afirmó.
García explicó que el nuevo protocolo de actuación contra el bullying incluye:
- Capacitación obligatoria para docentes.
- Intervención interdisciplinaria en las escuelas.
- Diferenciación de niveles de gravedad (leve, moderado o grave).
- Comunicación con las familias de víctima y victimario.
- Derivación a instancias terapéuticas o de acompañamiento.
Además, destacó que el 87% de los encuestados en medios mendocinos apoyan la iniciativa, incluyendo a muchas familias que comprenden el rol que deben cumplir. “Los canales de comunicación están. Hoy hay WhatsApp, correo, reuniones virtuales. Lo importante es estar presentes”, subrayó.
Respecto a las causas del bullying, García descartó que haya una relación directa con el nivel socioeconómico. Señaló que, según especialistas que asesoran al ministerio, los victimarios suelen presentar problemáticas no tratadas que requieren intervención profesional. “No alcanza con cambiarlos de escuela. Hay que abordar las causas profundas”, expresó.
El proyecto será tratado la próxima semana en el Senado provincial. De aprobarse, Mendoza se convertiría en una de las primeras provincias del país en establecer sanciones legales a adultos responsables por omitir acciones frente al bullying escolar.
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