El asesor general del Gobierno de La Rioja, Dr. Pedro Goyochea, aseguró que las suspensiones de pensiones por discapacidad realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) fueron ejecutadas de manera arbitraria y sin fundamentos legales.
Tanto la justicia federal como la provincial ya ordenaron la restitución de beneficios suspendidos, sentando un precedente clave para futuras presentaciones.
En ese sentido, Goyochea detalló que la acción judicial fue iniciada por el Defensor Público Provincial, Dr. Chumbita, en coordinación con el Gobierno de La Rioja. El primer amparo fue presentado en la justicia provincial, con intervención de la jueza María Fernanda Alcázar, quien ordenó que se restablezca tanto la pensión como el acceso a la obra social de la persona afectada. Una resolución similar fue dictada en el fuero federal por el juez Daniel Pérez Buena.
“El accionar de la Agencia Nacional de Discapacidad se dio al margen de la ley. No hubo acto administrativo ni notificación legal alguna para justificar la suspensión de los beneficios”, advirtió Goyochea.
El funcionario señaló que estos fallos judiciales abren la puerta a nuevas presentaciones para los cientos de casos de suspensión que se han producido en la provincia. “Lo importante es que ya tenemos un antecedente. La justicia comprobó que se trató de una medida arbitraria, por lo tanto, las nuevas demandas pueden apoyarse en esta jurisprudencia para exigir la restitución inmediata de las pensiones”, enfatizó.
Además, remarcó que el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo Provincial de Discapacidad, está recopilando la documentación de las personas afectadas para iniciar acciones legales. “Pedimos que quienes hayan sufrido la baja injustificada de sus pensiones se acerquen a registrar sus casos. Cada presentación es clave”, dijo, y destacó la labor de la Lic. Soledad Córdoba al frente del Consejo.
Goyochea también recordó que, pese a los intentos del Gobierno nacional de judicializar la Ley de Emergencia en Discapacidad, la misma fue aprobada por las dos cámaras y debe aplicarse de manera inmediata. “El Ejecutivo no puede desobedecer una norma ya promulgada. Si no la cumple, se lo intimará judicialmente, como ya ocurrió con las pensiones”.
Finalmente, expresó su preocupación por las consecuencias humanas de estas medidas: “Hubo personas que vieron agravado su estado de salud e incluso fallecieron. No es solo una cuestión económica; hablamos del derecho a la vida y a la salud de un sector vulnerable”.
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