En virtud de la perspectiva federal del Comité con los gobiernos provinciales y municipales y del trabajo territorial y de articulación de delegadas y delegados en todo el país, se logró la sanción de una nueva ordenanza municipal, en este caso en la ciudad de La Rioja.
El Concejo Deliberante sancionó la ordenanza 5952, la cual dispone la implementación obligatoria de cartelería y calcos en taxis y remises que visibilicen la línea nacional y gratuita de denuncia 145; faculta asimismo a la presidencia de la Comisión de Género y Diversidad a integrar la Mesa Interinstitucional que funciona en la provincia donde confluyen organismos nacionales, provinciales y municipales; y declara de interés municipal el 30 de julio, "Día Internacional de la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas".
Cabe destacar que el trabajo en la provincia fue iniciado en junio pasado, con la primera visita del director del Comité Gustavo Vera. Posteriormente, se llevó a cabo la constitución de la mesa interinstitucional y la firma de convenio con el municipio de La Rioja capital y organizaciones sindicales.
El proyecto de ordenanza fue presentado por la concejala del Partido Justicialista María Yolanda Corzo. Acompañaron la iniciativa los concejales pertenecientes al bloque Frente de Todos, Carlos Machicote, Facundo Puy Soria, Walter Montivero, Nelson Johannesen, Diego Narvaez, Ximena Marenco y Gerardo Gómez. Contó con la colaboración de Teresa Núñez, delegada de la Dirección Nacional de Migraciones y Miriam Espinoza, secretaria de Trabajo de la Provincia.
La sesión contó con la presencia de la delegada de la dirección del Comité Teresita Salas.
Reunión del Comité Nacional
En otro orden de cosas, se llevó adelante la Reunión del Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata y la Defensoría General de la Nación, la que se centró en los avances y dificultades en torno a los procesos judiciales que involucran a víctimas de trata de personas.
El director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, Gustavo Vera, y la coordinadora del Programa de Asesoramiento y Promoción de Derechos de las Víctimas del Delito de Trata de Personas de la Defensoría General de la Nación (DGN), Marcela Rodríguez, conversaron por videoconferencia sobre los avances y las dificultades en torno a los procesos judiciales que involucran a víctimas de trata de personas.
Ambos funcionarios se enfocaron en los desafíos que implica la efectiva restitución de derechos para las víctimas, tanto en lo que hace al acceso a vivienda, como al empleo y el acompañamiento terapéutico, entre otras necesidades, para evitar que sean nuevamente victimizadas.
Vera mencionó las iniciativas sobre las que están trabajando dentro del Plan Bienal, Integral y Federal contra la Trata de personas, como el Estatuto Especial de Acceso a la Vivienda, el Programa de Acompañamiento Terapéutico en conjunto con el Ministerio de Salud y el Programa De Capacitación E Inclusión Laboral del Ministerio De Trabajo de La Nación. Asimismo, se refirió a la tarea de articulación federal del Comité que preside, y a la conformación de mesas interinstitucionales provinciales entre organismos locales, delegaciones del Estado nacional, ministerios públicos fiscales y sindicatos.
Por su parte, desde la DGN, Rodríguez planteó inquietudes por los tiempos actuales para hacer efectivas las reparaciones destinadas a las víctimas, y comentó la labor de los recientemente nombrados defensores y defensoras públicos de la víctima y los escollos que encuentran en materia de reparación y asistencia integral. Ambos funcionarios coincidieron en que la reparación debería tener lugar por la mera aplicación del código penal y en tiempos oportunos.
Por último, se evaluaron distintos planes de acción y se acordó comenzar a desarrollar capacitaciones específicas, investigaciones y tareas académicas en forma mancomunada en materia de trata de personas, entre otras propuestas.
El Programa de Asesoramiento y Promoción de Derechos de las Víctimas del Delito de Trata de Personas de la DGN fue creado en 2014 y ha sido pionero en patrocinar las primeras querellas y acciones civiles en la materia. Con los nombramientos de los/as defensores/as públicos/as de víctima, el Programa redefinió sus funciones, que actualmente consisten en articular el trabajo con defensorías oficiales de todo el país, centralizar consultas y pedidos de intervención; brindar orientación, prestar asesoramiento y asistencia técnica a las defensorías públicas de víctimas, y crear herramientas de trabajo para operadores del derecho. Además, desarrolla actividades de capacitación, investigación, difusión y promoción de derechos.
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