En lo que respecta a reconocimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, Argentina cuenta con una legislación que declara, incluso constitucionalmente, la implacable necesidad que tiene nuestra sociedad de brindar a l@s menores de 18 años, las condiciones óptimas para su desarrollo físico, intelectual y emocional; y también garantiza la protección de ese desarrollo ante cualquier vulneración de toda índole, basándose en "el interés superior del niño o la niña" en caso de producirse un daño o el conflicto de intereses con los derechos de un/a adulto/a.
Nuestro país es Estado firmante de la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Como tal, cumplió su compromiso de generar una legislación local en consonancia con los principios declarados internacionalmente. La ley 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes se sancionó el 28 de septiembre de 2005. 
Cinco meses antes de dicha sanción,  Ramona Nicolasa Mercado, "Peli", una adolescente de 14 años, desapareció en la ciudad de La Rioja. Hoy, 15 años después, no hay rastros de ella. Permanece desaparecida y la familia y organizaciones de mujeres la seguimos buscando.
En 2010 La Rioja sancionó la ley 8848, y el Estado provincial elaboró el "Protocolo Interinstitucional para la atención de Niños, Niñas y Adolescentes víctimas o testigos de maltrato, abuso sexual infantil y otros delitos", según el cual cualquier mayor de edad que se anoticie de maltrato o abuso sexual hacia una niña o niño tiene la obligación de denunciarlo a los organismos competentes. Incluso las escuelas y los clubes pueden activar el Protocolo para proteger a l@s niñ@s que acuden a sus instituciones.
Sin embargo, la realidad material tiene el peso definitivo a la hora de decidir la investigación de una denuncia o la dirección que toma una causa. 
¿Qué pasa cuando el estatus social y/o  económico del abusador es superior al de la víctima? ¿Qué pasa cuando no tenés plata para pagar un/a abogad@ y el tipo que abusó de tu hij@, sí? ¿Se puede buscar apoyo y respuesta en el sistema judicial que de por sí está desbordado; y cuyos funcionarios, aún los que se dedican con honestidad a su profesión, "hacen lo que pueden" con la pila de causas que tramitan?
Entonces, todo derecho se reduce a una cuestión de recursos económicos y la desigualdad ante la ley se manifiesta descarnadamente.
La práctica de nuestro trabajo activista con casos de abuso sexual en la infancia nos demuestra que las mamás que se animan a denunciar a los agresores de sus niñ@s se adentran a un mundo burocrático que no pueden comprender y las sume en la impotencia. 
Condenar a un agresor sexual es prácticamente una cruzada heroica. Mucho se habla de la revictimización, pero la tendencia de la justicia es brindarles la prisión domiciliaria y la libertad a los agresores sexuales, aún cuando la víctima se haya presentado a examen médico forense, a Cámara Gesell y haya presentado pruebas del/de los abuso/s.
Ni que hablar cuando la prueba "se pierde" en un juzgado sin responsables, los permisos que se piden en el trabajo para cumplir las citaciones, las complicaciones económicas, las habladurías del barrio y la presión del agresor que sigue violentando. O cuando las maestras y directoras que debieran velar por el bienestar de sus alumn@s priorizan garantizar el silencio para salvaguardar el prestigio de la institución educativa, presionando a las mamás para que no se sepa que hay acosadores y abusadores trabajando en las aulas.
Este conjunto de factores hace que las instituciones del Estado sean las principales garantes de la impunidad de los pedófilos. Como lo sostiene la película documental "La Voz Propia", de Valeria Sartori, el poder de la palabra, la ruptura del silencio que mantiene paralizad@s a l@s sobrevivientes de abuso, es la primera herramienta con la que contamos para poder detener al abusador. Denuncias, escraches, marchas, juicios, prisión no detienen la perversión de los abusadores. Seguirán siendo abusadores, pedófilos o violadores hasta el último de sus días. 
Denuncias, escraches, marchas, juicio, prisión rompen el silencio. Es nuestra forma de gritar ante el silencio impuesto por el Estado a la sociedad, sobre la violencia sexual contra niñ@s y mujeres. Es nuestra forma de alertar a la población que pedófilos y violadores andan sueltos. 
Que hay que mirarlos a ellos, juzgarlos a ellos, condenarlos a ellos, y no a las víctimas sobrevivientes. Es nuestra forma de destruir la cultura machista que nos enseñaron y que reprodujimos durante tantas generaciones. 
Y nuestra forma colectiva de enseñarnos mutuamente, acompañarnos, compartir, y construir día a día, una sociedad sin injusticias. Como marcha el pueblo, con paso lento para que nadie quede atrás ni nadie se aventaje, con la firmeza de las convicciones que nos mueven.
Queremos a los pedófilos en la cárcel, sean abusadores o violadores. Los queremos lejos de l@s niñ@s, porque nunca dejarán de hacerles daño. 
Queremos que nuestras compañeras se sientan seguras de denunciar, contenidas y apoyadas. No queremos verlas desgarradas de dolor, solas, acorraladas por la presión de la sociedad y el Estado. 
Queremos infancias libres. Queremos ver a nuestras nenas sonreir. No queremos miedo en sus ojos.